Isabel San Sebastián, ABC, 12/4/12
El modelo de Estado que Rajoy pretende mantener intacto es inoperante
PARECE que ni el Gobierno ni los ciudadanos ni mucho menos la oposición calibran bien la magnitud de la tormenta económica que nos azota. No, a juzgar por las respuestas que suscitan las propuestas proporcionadas a la envergadura de la catástrofe. Y como sabemos de sobra, gracias a la gestión de quienes hoy rechazan oír hablar de la herencia que dejaron, lo que sucede cuando se mira hacia otro lado, hay que tener el valor de llamar a las cosas por su nombre y actuar en consecuencia.
Esperanza Aguirre, la única presidenta autonómica que tiene las cuentas cuadradas, ha dado un paso al frente en esa dirección al proponer sus recetas. Era consciente, supongo, de las críticas que iban a lloverle al instante, porque está acostumbrada a ellas. Y le han llovido, en efecto, no sólo del Partido Socialista, cuya tendencia a gastar sin control incurre en lo patológico, sino de quienes dentro del PP tiran con pólvora del rey con más alegría de la responsable. Los nacionalistas, por supuesto, han aprovechado para afirmar que el «café para todos» nunca será una solución ya que ellos exigirán doble ración de lo que haya; lo de siempre.
Ha planteado la líder del PP madrileño devolver competencias al Estado en Sanidad, Educación y Justicia, a fin de ahorrar unos 50.000 millones de euros, sin otro coste que enviar a unos cuantos políticos a engrosar las listas del paro. ¿Dónde está el problema? ¿Es que la Constitución está llamada a durar mil años petrificada en su redacción actual? ¿Tendrán que pagar nuestros nietos los errores de una Transición que creyó erróneamente resolver uno o dos problemas graves multiplicándolos por diez y siete? El modelo de Estado que Rajoy pretende mantener intacto es inoperante y además cuesta mucho más de lo que podemos pagar. Cuanto antes lo reconozcamos antes saldremos del túnel.
Pero hay más. Las tarifas del transporte público, de la educación superior o de la justicia en apelación han de acercarse a lo que realmente cuestan esos servicios, so pena de verlos saltar por los aires. ¿Tan difícil es asumir que a coste cero demanda infinita? Luego será preciso establecer medidas compensatorias para ciertos colectivos, pero lo que no es viable es perpetuar una red de subsidios que desvirtúa la concepción de lo que son «derechos» a la vez que agiganta el agujero de nuestras finanzas.
Y voy con lo más polémico. Lo que me valdrá, seguro, más de un insulto en twitter. No importa; llevo calado el yelmo y sé que pongo por escrito lo que muchos españoles piensan aunque, en virtud de la «corrección política», pocos se atrevan a decirlo. Allá va: la sanidad pública, una de las mejores del mundo, no puede ser universal y gratuita para quienes nunca han cotizado al sistema o lo han hecho únicamente por espacio de algunos meses. Es insostenible que todos los extranjeros que ponen pie en nuestro suelo tengan inmediatamente acceso no ya a una atención de urgencia, que no puede negársele a nadie, sino a toda clase de tratamientos por caros y complejos que resulten. Ningún país de nuestro entorno funciona así. Sólo hace falta hablar con el personal de los hospitales y centros de salud para constatar que esto que hoy yo digo ellos llevan años advirtiéndolo sin éxito. Es aparentemente más «progre» combatir el desfase presupuestario obligando a repagar las medicinas a quienes puedan hacerlo; hablar de «rentas altas» y echar otra nueva carga sobre las espaldas de la clase media. Pero también es más injusto y no deja de ser un parche que pronto se quedará corto. Grandes males precisan grandes remedios y coraje. No más paños calientes.
Isabel San Sebastián, ABC, 12/4/12