La invasión de Ucrania, además de provocar el espanto y agravar la inflación, está suponiendo una alteración grave del orden energético europeo y mundial. La utilización por Putin del gas natural como arma de guerra está ocasionando una restricción brutal en su suministro, una alteración artificial de sus precios y un alza incontrolada del precio de la electricidad. Ante esta situación están surgiendo voces interesadas en Europa y en el mundo que cuestionan la transición energética que se venía llevando a cabo para cumplir con los objetivos de descarbonización exigidos por el consenso científico, para paliar los efectos del cambio climático inducido por el ser humano.

Sin embargo, la cumbre del clima que se está celebrando en Egipto ratifica las conclusiones de anteriores citas respecto a los efectos del incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los países menos desarrollados urgen a los avanzados a que cumplan sus obligaciones financieras -los 100.000 millones al año aprobados en el Acuerdo de París- que les permitan hacer frente a la reducción de emisiones y adaptación a los desastres derivados de la crisis climática.

Nos encontramos así ante una coyuntura endiablada. En algunos países europeos están volviendo (de manera limitada por ahora) a la utilización de fuentes de energía fósil ya abandonada -carbón en la generación eléctrica y fuelóleo en procesos industriales- en sustitución del gas natural, la energía fósil más limpia, con el deterioro de logros de descarbonización ya alcanzados. Y, sin embargo, la transición energética aprobada a nivel europeo y mundial no tiene alternativa.

El imperativo moral de solidaridad intergeneracional y el ambiental de preservar la biosfera de los catastróficos efectos del cambio climático nos obligan a descarbonizar nuestro sistema energético. Pero el imperativo económico nos conduce a sustituir las energías fósiles por las renovables, que en sus versiones eólica y fotovoltaica son ya bastante más baratas que las fuentes de energía fósil. Ahora, además, el imperativo geoestratégico nos fuerza a asegurar el suministro energético con fuentes de aprovisionamiento seguro, y nada más seguro que los recursos autóctonos. Acelerar la descarbonización de la economía se convierte en una oportunidad que no solo no podemos desaprovechar sino que debemos impulsar.

¿Es factible? La descarbonización total de la economía para 2050 por exigencia científica es un objetivo ineludible de la UE. El sistema energético se deberá basar en el ahorro y la eficiencia, las energías renovables y su almacenamiento, quedando la utilización en mayor o menor grado de la energía nuclear a la decisión discrecional de cada país. Con este horizonte, el reto es el perfeccionamiento de tecnologías de almacenamiento de energía de forma masiva, segura y a precios asequibles, como el bombeo hidráulico, desarrollando además, de forma suficientemente barata y segura el almacenamiento electroquímico en baterías o el hidrógeno verde y sus derivados, entre otros. El resto, el necesario ahorro y mayor eficiencia energética y el desarrollo masivo de fuentes de energía renovables, son técnicamente factibles.

El proceso debe incluir, entre otras medidas, decisiones de electrificación de demanda, combustibles sintéticos y biocombustibles, hidrógeno verde de utilización directa o sus derivados como el metanol y el amoníaco verdes. Y decisiones destructoras de demanda, como la prohibición de vender a partir de 2035 vehículos de motorización térmica, que consiga la paulatina disminución del consumo de derivados del petróleo hasta su total desaparición.

Toda esta revolución, ya en marcha, no solo requiere alternativas técnicas y económicas viables, sino acuerdos y reformas institucionales. La manipulación de precios del gas natural llevada a cabo por Putin ha puesto de manifiesto impactos y urgencias no homogéneos en la Unión. Francia ha mostrado poca empatía con las necesidades reales de Alemania en lo relacionado con el suministro de gas desde España, y Berlín se ha lanzado de forma unilateral a subvencionar con 200.000 millones las facturas energéticas de hogares y empresas. Ambas actitudes generan desconfianza, y en el caso alemán, incluso dudas de que ello no desborde las limitaciones a las ayudas de Estado.

Las energías renovables captan fuentes difusas como el agua, el viento o el sol, lo que conlleva la ocupación de importantes porciones de territorio. La participación de los niveles locales y regionales en la disposición de suelo y la concesión de permisos a instalaciones energéticas limpias es fundamental si queremos conseguir su despliegue a lo largo y ancho de Europa. El balance de las instituciones vascas -ayuntamientos, diputaciones y particularmente Gobierno vasco- durante los últimos diez años ha sido penoso. Es preciso reconducir estos asuntos, y si es en clave de cooperación federal aprovecharemos una gran crisis para seguir construyendo Europa.