JOAQUÍN LEGUINA – EL MUNDO – 29/10/15
· El desafío catalán deja en segundo plano los problemas reales que preocupan a los españoles, como el paro, la precariedad de los salarios, la desigualdad o la falta de proporcionalidad de las cargas fiscales.
Cada vez que oigo o leo acerca de la «necesidad de una reforma constitucional» («en clave federal», se suele añadir) me da un repelús, y no porque crea que la Constitución es intocable y no necesite retoques, sino porque estoy casi seguro de que me están metiendo en una senda de esas que Alfred Hitchcock llamaba «McGuffin». Es decir, en una trampa engañosa que lleva al espectador lejos de la resolución del enigma para que aguante atento hasta el final de la película. ¿Por qué creo eso? Porque no me fío de que con esas reformas se pretenda arreglar ningún problema real de los que preocupan –y con tanta razón– a la sociedad española, sino que se pretende volver, como la burra al trigo, a la matraca del «encaje», la «conllevanza» o la «negociación» (palabras viejas y gastadas que ya de poco sirven) para resolver el problema catalán. Pero un problema que es poco o nada racional, compuesto por toneladas de emotividad y de mentiras, difícilmente puede resolverse sin que la otra parte, es decir, el enloquecido (y corrupto) separatismo, se baje del burro y comience a razonar.
Conviene recordar a este respecto el resultado del «encaje» y la «conllevanza» ideados por el tándem Maragall-Zapatero, es decir, aquel inviable «nuevo Estatuto» que llevó a la tumba política a sus promotores y a la frustración a mucha gente. ¿Es eso lo que se quiere repetir ahora, metiendo por la puerta de la reforma constitucional lo que no cupo por la ventana estatutaria?
Pero vayamos a lo mollar, es decir, a los verdaderos problemas que atenazan a la sociedad española, incluida la catalana: ¿es que alguno de esos problemas tiene su origen en el texto constitucional? La respuesta es clara: ninguno.
Nadie negará que el mayor problema en España es el del paro y, ligado a él, un sistema salarial insostenible, por no decir miserable. Sistema salarial que ha traído consigo una distribución de la renta de una desigualdad deplorable. Para más inri, tenemos un sistema fiscal que hace ya muchos años dejó de ser redistribuidor y en el cual la carga mayor cae sobre las espaldas, precisamente, de los asalariados. A este respecto, citaré al economista Antón Costas: «La desigualdad es un poderoso disolvente del pegamento que una economía de mercado necesita para ser estable y producir progreso económico y social. La desigualdad puede acabar matando al capitalismo y a la democracia».
Y eso no se arreglará, aun saliendo de la crisis, sin cambios profundos en el sistema productivo que hoy se caracteriza por la enanez de las empresas. En otras palabras y resumiendo mucho, España necesita una reindustrialización profunda y eso no se consigue con buenas palabras ni nacionalizando Endesa o el Banco Santander. Es preciso cambiar de arriba abajo muchas políticas, para empezar, la política educativa. Una política que ha primado –y razones había para ello– la integración social, pero ha olvidado la exigencia del esfuerzo y del talento, sobre todo en los años preuniversitarios y universitarios.
No echaré mano de los dudosos indicadores de la OCDE para urgir la reforma educativa, pero no se podrá negar que el sistema educativo español es refractario a la creación de élites intelectuales. El hecho de que en España no existan Escuelas Nacionales al estilo francés (dotadas de buenas becas y buenas residencias) no ha beneficiado en nada la preparación adecuada para los más dotados. Como ha escrito el profesor Arias Maldonado, «ha sido deprimente constatar la facilidad con que los jóvenes estudiantes de Bachillerato abandonaban los pupitres por el andamio, a sabiendas de que ganarían en este mucho más que con –pongamos– una licenciatura en Derecho, expedida por una ordinaria facultad». España, en definitiva, no ha sabido orientar a sus estudiantes en la dirección de una carrera coherente, primero como estudiantes y después como profesionales.
Aparte del deporte, España ha carecido de figuras (intelectuales, empresariales, sindicales…) capaces de poner en tensión la moral colectiva. A la vez, y al hilo del boom económico, que tenía los pies de barro (el mismo con el que se hacen los ladrillos), aparecieron por doquier figuras públicas detestables que pusieron la política a la altura del betún. Además, bastaría comparar los curricula de los altos representantes políticos de la Transición con los actuales para detectar que se ha producido un fuerte deterioro profesional y personal.
En España sigue vivo el principio según el cual quien no tiene padrinos no se bautiza, es decir, el nepotismo, o el amiguismo, basados en la cooptación. Esta es una de las taras más nefastas para el país, y no son precisas muchas argumentaciones para demostrar que este método de selección de élites es absolutamente perverso, pues genera un enorme despilfarro de talentos y deja destrozado el principio constitucional de «mérito y capacidad». Un sistema de selección que es usado por todos los partidos, de tal forma que se rechaza a los mejores en beneficio de los fieles al mando. Eso explica que los electos de los dos grandes partidos sean en su mayoría personas que no han trabajado nunca fuera de la política. Además, y desgraciadamente, en España ha proliferado una enorme cantidad de cargos de confianza en perjuicio de los funcionarios que han hecho oposiciones. Cargos de confianza que no sólo ocupan los niveles directivos, también los hay en los niveles administrativos e inferiores.
La invasión realizada por los partidos en terrenos públicos que les están vedados (Judicatura, medios de comunicación públicos, oposiciones y concursos trucados, etcétera) y privados (el permanente tacto de codos entre empresas y políticos que es el caldo de cultivo de la corrupción). En suma, la partidización de la sociedad española ha sido uno de los mayores fracasos cosechados en el periodo democrático. No hace falta dotarse de más legislación a ese respecto. Como en otros graves problemas del país, bastaría con hacer cumplir las leyes ya vigentes, aunque la profusa, difusa, confusa y superabundante legislación que existe en España es, en sí misma, también un grave problema.
No conviene olvidar que una de las razones que explican la debilidad de la sociedad civil ha sido la reducción en la movilidad interna de los españoles. Cada vez son menos los ciudadanos que se trasladan a provincias o regiones distintas de las de su nacimiento. Han desaparecido los espacios de socialización conjunta (por ejemplo, el servicio militar o la carrera universitaria); y, desde luego, la cultura de la propiedad inmobiliaria (quien no tiene piso en propiedad no es nadie) está detrás de esa inmovilidad que perjudica el buen funcionamiento del mercado laboral. La creación de las autonomías en el caso de las nacionalidades históricas, ha ido acompañada de una auténtica imposición de las lenguas propias (como si el español no lo fuera), dificultando así la migración hacia esos territorios. Por otra parte, la cuasi eliminación de los cuerpos nacionales de funcionarios ha facilitado la aparición de auténticos reinos de Taifas.
El resultado de este conjunto de despropósitos antipatrióticos a la vista está en el ámbito público; pero en el privado tampoco te bautizas si no tienes padrinos. Y, así, nos encontramos unos consejos de administración donde también impera la cooptación. ¿Y cómo se selecciona a los cooptados? Pues igual que se selecciona a los cardenales, pero sin Espíritu Santo de por medio. No se llega a ser ejecutivo cooptable para cualquier consejo de administración si no cuentas ¿con experiencia en gestión?, ¿con un currículum brillante? No. Con amigos que te aúpen a esos estatus.
Para resolver el nepotismo en el espacio público bastaría con atenerse al espíritu de la tan reformable Constitución actual y en el ámbito privado se precisan controles que procuren el buen gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes hoy dirigen la mayoría de las empresas no son, ni de lejos, los propietarios de las mismas, pues a menudo los mayores accionistas son fondos (de inversiones o de pensiones) cuyo único interés es mantener en buen nivel las acciones en Bolsa.
Joaquín Leguina es ex presidente de la Comunidad de Madrid.