Editorial, ABC, 6/8/12
La exclusiva de ABC sobre la reacción de Otegi al voto de la «diáspora» vasca obliga al lendakari, Patxi López, y al PSOE en su conjunto, a pronunciarse de forma rotunda
Desde la página 1 LA exclusiva que ayer publicó ABC sobre la reacción de Arnaldo Otegi ante la posibilidad de que la «diáspora» vasca ejerza el derecho de voto en su lugar de origen es fiel reflejo de la catadura moral del personaje. A nadie sorprende a estas alturas la vileza de Otegi a la hora de referirse a los policías y sus familias. Tampoco es extraño, porque ETA no está disuelta, que reaccione con amenazas ante un proyecto que pretende reconocer la justa causa de quienes se vieron obligados a abandonar el País Vasco y Navarra ante la presión de la violencia terrorista. Esa fue la verdadera manipulación del censo electoral, y no el imaginario «pucherazo» que los nacionalistas denuncian ahora sin tomarse la molestia de analizar con rigor un texto prudente, avalado por los mejores juristas. La reacción intolerable del que José Luiz Rodríguez Zapatero consideraba como «un hombre de paz» demuestra que el Gobierno acierta al poner en marcha un proyecto del que se lleva hablando mucho tiempo pero que —hasta ahora— nadie había mostrado voluntad real para ponerlo en marcha. Por tanto, ha llegado la hora de dejar al margen cualquier ambigüedad, de manera que —sin perjuicio de la negociación parlamentaria— el PSOE tiene que dejar claro su apoyo a un texto que compromete a todos los demócratas. Poco cabe esperar en este terreno del PNV, pero al menos debería disimular sus coincidencias con los portavoces de los etarras.
Cuando Otegi apela a un «frente nacional» contra el PP, está poniendo el dedo en la llaga sobre las diferencias entre «nosotros» y «ellos». Por eso, Patxi López tiene que hablar alto y claro para que los vascos y el resto de los españoles sepan dónde se sitúan los socialistas ante este asunto de máxima relevancia.
Por razón de calendario es muy difícil que el voto del exilio pueda participar en las próximas elecciones autonómicas, sobre todo si se anticipan al próximo otoño, como parece probable. En todo caso, lo lógico sería poner en marcha cuanto antes el procedimiento legislativo y obligar así a que los grupos parlamentarios manifiesten su posición política de cara a una opinión pública que ha recibido con esperanza y satisfacción un proyecto que hace justicia a la «diáspora».
Editorial, ABC, 6/8/12