EL MUNDO – 15/03/16
· Junqueras expone a multas del Fisco a 5.000 funcionarios.
· La CUP exige a los alcaldes no obedecer a la Audiencia Nacional.
El Ministerio de Hacienda advirtió ayer a la Diputación de Barcelona de que, más allá de que planee recaudar el IRPF de sus 5.000 empleados y traspasarlo a la Agencia Tributaria de Cataluña, la cantidad deberá transferirse en tiempo y forma a las arcas del Estado. De no cumplir con la ley, Hacienda abrirá expediente contra el recaudador, es decir, la Diputación, y reclamará la deuda con los recargos correspondientes a cada uno de los contribuyentes afectados.
Mientras, la CUP hizo ayer un llamamiento a los alcaldes independentistas a no obedecer los requerimientos de la Audiencia Nacional.
Las consecuencias en caso de incumplimiento podrían llegar al extremo de que el Estado restrinja la entrega de fondos de financiación en la cuantía correspondiente.
De esta manera, el Ministerio de Hacienda no pone obstáculos al hecho de que la cantidad recogida en impuestos permanezca un tiempo en manos de la Generalitat, pero exige que la misma sea ingresada en las arcas centrales antes de que se cumplan los plazos oportunos. Lo contrario acarrearía serios problemas no sólo a la entidad recaudadora, sino también a los particulares, habida cuenta de que no habría constancia de su regularización con el Fisco.
El plan de la Diputación de Barcelona, del que dio cuenta ayer EL MUNDO, es similar al que aplican otras administraciones, pero hasta la fecha todas han cumplido siempre con sus obligaciones haciendo las entregas en el plazo correspondiente a la Hacienda estatal.
El Reglamento General de Recaudación es claro en este sentido cuando especifica que los pagos realizados a órganos no competentes no liberan al deudor de sus obligaciones fiscales con Hacienda, «sin perjuicio», además, «de las responsabilidades en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago».
Ayer, la portavoz de Convergència, Marta Pascual, confirmó que «la Hacienda propia» de Cataluña es «una de las principales estructuras de Estado que está preparando la Generalitat». En relación con los planes de la Diputación de Barcelona de trasladar el pago de los impuestos de sus empleados al fisco catalán para que –al menos de momento– haga de puente con la Hacienda española, Pascal añadió: «Cuando toque, haremos lo que convenga».
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguró que su partido había «detectado desde hace semanas» esos movimientos y que los puso en conocimiento del Gobierno a fin de poner en marcha las medidas oportunas para «evitar la desconexión fiscal». Su teoría es que «la Generalitat pretende recaudar impuestos hasta llegar al 70% y después quiere bloquear la transferencia al Estado, además de quedarse con los datos de los contribuyentes».
Por su parte, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones, se recordó a los empleados públicos que cuando reciben una orden sobre cuya legalidad duden deben presentar una denuncia ante la inspección de su consejería y ante la Fiscalía en los tribunales.
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras, tiene previsto mantener un encuentro el próximo viernes en Madrid con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. El objetivo es abordar los problemas financieros que afronta la Generalitat y solicitar un adelanto de los 1.400 millones de la liquidación positiva para la Generalitat del sistema de financiación correspondiente al ejercicio 2014. Además, Junqueras quiere que se revise el tipo de interés que paga Cataluña por las cantidades que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
EL MUNDO – 15/03/16