El artículo 134.3 de la Constitución dice textualmente: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Es decir, antes del 1 de octubre de cada año.

No se cumplirá ese plazo. No por un impedimento legal. Ni siquiera por un hecho político sobrevenido, como puede ser la convocatoria de unas elecciones generales. Simplemente, porque Moncloa no está en condiciones de asegurarse una mayoría parlamentaria suficiente, aunque también por un interés político.

Tampoco parece preocuparle mucho que no cuente con los votos suficientes. No tener Presupuestos lo libera de ajustarse a una senda de gasto, lo que permite sobrevivir al Gobierno de coalición sin tensiones verdaderamente relevantes más allá del ruido propagandístico. Es tiempo ganado para el PSOE y para Unidas Podemos. Ni siquiera es una obligación ante Bruselas. Lo que le interesa a la Unión Europea (antes del 15 de octubre hay que enviarlo) es el llamado Plan Presupuestario, que es un documento de compromisos y prioridades en política fiscal, pero no un texto normativo que tenga que pasar por el filtro del Congreso.

Es decir, que mientras Hacienda obliga a los contribuyentes a cumplir los plazos, bajo amenaza de sanción, presenta las cuentas del Reino cuando lo considera oportuno, lo que se parece mucho a la singular la ley del embudo, algo que en el fondo revela una enorme inestabilidad política. La propia ministra Montero avanzó ayer que, al menos, hasta finales de este mes no se presentará el límite de gasto, que, posteriormente, tiene que pasar el periplo parlamentario.

Y es que a estas alturas del mes, el Consejo de Ministros ni ha aprobado el techo presupuestario ni los objetivos de estabilidad, es decir, el déficit público previsto para los próximos años. Tampoco ha desvelado la regla de gasto. Ni siquiera ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano en el que están presentes todas las comunidades autónomas, y que no se reúne desde el pasado 7 de febrero, pese a la presión que ha ejercido la pandemia sobre el gasto público.

Tres semanas

Por supuesto que tampoco ha remitido a las CCAA sus objetivos de déficit público individualizados previo informe de la AIReF. La ley, hay que recordarlo, obliga a que Hacienda, antes del 1 de agosto de cada año, informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Estado. Es decir, Hacienda tiene casi todo por hacer cuando faltan apenas tres semanas para que acabe el plazo.

El hecho de que el Gobierno presente el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando le interesa no es un asunto menor. Y, desde luego, la ministra Montero no ha sido la inventora. Su antecesor, el ministro Montoro, convirtió en una película de suspense la entrada de la norma en el Congreso. En 2012, llegó a esperar a que se celebraran elecciones en Andalucía para hacerlo, a la vista de que incluían fuertes recortes. Los actualmente vigentes, los de 2018, se aprobaron a mitad de año (el 28 de junio), y en pleno delirio parlamentario —tras la moción de censura—, tuvo que ser Sánchez quien los defendiera pese a ser obra de Rajoy.

No es un asunto irrelevante la fecha de presentación porque la propia Constitución establece el principio de anualidad a la hora elaborar los Presupuestos, lo que quiere decir —en el caso español— que empiezan y terminan el 1 de enero de cada año. No por un capricho del legislador, sino porque al estar tasados los plazos, los agentes económicos disponen de seguridad jurídica. Y si se aprueban, por ejemplo, el 1 de marzo, la incertidumbre a la hora de tomar decisiones de inversión es mayor.

De ahí que el constituyente quisiera introducir una singularidad: los Presupuestos se prorrogan automáticamente. Un automatismo que no se da en otras leyes. Precisamente, porque las cuentas del Reino tienen un carácter esencialmente temporal, lo que, en teoría, obliga a los gobiernos a cumplir los plazos, aunque sea solo a la hora de presentar el correspondiente proyecto de ley.

El padrino

No es intranscendente en términos políticos que el Gobierno haya renunciado a presentar sus objetivos de déficit para el año que viene. Eso le permite actuar de forma discrecional, y algunas veces arbitrariamente, en cuestiones como la utilización de los remanentes de los ayuntamientos o conceder fondos a las comunidades autónomas sin un debate real sobre la política presupuestaria. Por el contrario, el Gobierno central aparece ante la opinión pública como el padrino que entrega una gratificación a las regiones (16.000 millones).

La ministra Montero podría haber llevado el asunto de la financiación de los ayuntamientos a la Comisión Nacional de Administración Local, un órgano paritario que reúne a los municipios y al Estado, pero no lo ha hecho. Tampoco ha optado por cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para permitir utilizar los remanentes. Ni siquiera está dispuesta, como ha dicho, a presentar un texto alternativo tras el varapalo de este jueves.

Precisamente, porque la Moncloa se ha acostumbrado a gobernar a golpe de real decreto-ley y cualquier ley sustantiva —como la Ley de Presupuestos— exige no solamente pactar, sino desvelar sus cartas. Y pactando de esta manera, con unos y con otros, ora con Unidas Podemos ora con Ciudadanos, y teniendo siempre en la recámara a ERC, el PSOE se sitúa en el centro del tablero político, que es lo que más le interesa a largo plazo para aumentar sus magros 120 diputados.

El mejor aliado

Vivir sin Presupuestos Generales del Estado hasta que se pueda, mientras el cuerpo aguante, y en contra de lo que pueda parecer, no es ninguna tragedia económica. Como se ha dicho, las cuentas del Reino se prorrogan de forma automática, y ni siquiera la inflación es un problema porque está en negativo (-0,5%), lo que afecta a las pensiones o a los salarios de los empleados públicos. De hecho, alrededor del 80% del Presupuesto —debido a que se trata de créditos ampliables de forma automática— está gastado antes de que comience el año. Y es que, además, se puede gobernar gracias a una razón de mucho peso.

Como ha dicho explícitamente la Comisión Europea, los fondos de recuperación, los célebres 140.000 millones, son ajenos a la aprobación del Presupuesto. Se distribuirán sí o sí en los próximos años, independientemente de lo que ocurra con las cuentas públicas.

Es decir, habrá margen para hacer política de gasto sin ajustarse al corsé que supone una norma legal que, además, obliga a elegir el socio, lo cual puede generar muchas tensiones. Aquí está, precisamente, la paradoja. La mejor ancla de este Gobierno no son sus inestables socios parlamentarios, en particular la mayoría que cuajó en la moción de censura, sino Bruselas, convertida en la mejor aliada de Sánchez e Iglesias.