ABC-LUIS VENTOSO
Imposible que no haya irritación con un Gobierno que tolera lo que haga falta
EL sábado, en medio de uno de los mayores puentes de ocio del año en España, algo menos de un centenar de activistas de los Comités de Defensa de la República cortaron durante quince horas la autopista AP-7 a la altura de Ampolla (Tarragona). No es una carretera cualquiera. La AP-7, también conocida como Autopista del Mediterráneo, va de Cádiz a La Junquera, vertebrando toda la costa del Este de España y comunicándola con Francia. A las siete de la mañana, un grupo relativamente pequeño de vándalos separatistas levantó una barricada de ramas, ruedas y piedras y paró el tráfico. La AP-7 se reabrió a las diez de la noche, cuando tuvieron a bien retirarse. Los Mossos de Escuadra, que pongámonos como nos pongamos son una policía política, no hicieron nada. Torra, el presidente de Cataluña, había dado orden de pasividad total, debido a la polémica por las cargas de los mossos de la semana pasada, cuando sí defendieron el derecho de simpatizantes de Vox a celebrar un acto. Mientras la autopista permanecía cortada, ocasionando grandes contratiempos a los viajeros, Torra estaba de gira en Bélgica junto al golpista prófugo Puigdemont, impulsando desde allí un «Consejo de la República» y animando a los catalanes a una insurrección violenta como «la de los eslovenos», que se independizaron de Yugoslavia en el verano de 1991 tras una guerra relámpago. Ayer domingo, Torra inició un ayuno –más bien una dieta exprés– de dos días en solidaridad con los presos golpistas.
¿Y cuál ha sido la reacción del Gobierno de España ante todo esto? Pues tan solo unas declaraciones de Ábalos ayer en un mitin en Mallorca, donde tachó a Torra, el socio que mantiene a su jefe Sánchez en el poder, de «iluminado» e «indecente» por su «tristísimo llamamiento a la insurrección». Pero eso en la práctica es gas. No se traduce en nada real.
Ningún Gobierno de un Estado grande permitiría que sesenta mentecatos cortasen una autopista medular de su país. Enviarían allí a los antidisturbios (o al Ejército) y en media hora la vía quedaría despejada. Ningún Gobierno de un Estado grande admite que una región tenga una Policía propia que no es fiable; una fuerza autonómica que cumple o incumple su deber de mantener el orden al capricho político de un Gobierno regional fuertemente fanatizado y que aspira a romper el Estado. Ningún Gobierno de un Estado grande y democrático, como España, tolera que el presidente de una región proponga desde el poder una insurrección violenta contra la unidad de la nación y sus leyes. Ningún Gobierno de una democracia grande como España ofende a sus ciudadanos con la inhibición vergonzosa de quien debe hacer cumplir la ley y defender el derecho de las personas a hacer su vida con normalidad. Por eso el Gobierno de Sánchez se ha vuelto insoportable para millones de españoles. Porque no se puede permitir que se pisotee la dignidad y el orden de un país solo para que un oportunista se dé el gusto de dormir un par de meses más en La Moncloa. Y eso lo sabe perfectamente Ábalos, y también todos los barones del PSOE que hoy callan felonamente por un carguito.