Hecha la ley

El otro día mi hijo estropeó la tostadora. Estaba preparando no sé qué cosa y se le ocurrió añadirle queso fundido, casi crujiente. Debió de pensar que para qué sacar la sartén del cajón teniendo la tostadora tan a mano. No sé muy bien qué pasó, más allá de que saltaron los plomos y el electrodoméstico acabó hecho cisco.

Ingenua de mí, pensé que cuando los críos llegan a los diez, doce años, ya no hace falta andar detrás para que no estropeen nada, que tienen un conocimiento mínimo sobre qué cosas no deben hacer para no incendiar la casa. En eso me parezco a los padres de la Constitución, que fijaron la obligación de redactar presupuestos sin indicar qué sucedería si no se cumplía con algo tan elemental. Redactaron el decreto ley para ser empleado en casos de «extraordinaria y urgente necesidad», sin pensar que habría quien, como Sánchez, podría convertir la necesidad en costumbre: lleva ya cerca de doscientos firmados a sus espaldas. Tampoco se les pasó por la cabeza que alguien amnistiaría a golpistas a cambio de siete votos.

Levitsky y Ziblatt explicaron en Cómo mueren las democracias que los regímenes libres se sostienen sobre normas implícitas, la principal de todas la de no estirar cada prerrogativa hasta romperla. Sánchez ha hecho de estirarlas un programa de gobierno: tuvimos el primer fiscal general condenado en ejercicio, defendido además por el presidente. Tenemos un Constitucional que, presidido por Conde-Pumpido, anuló las condenas de los ERE y ordena ahora al Supremo amnistiar la malversación del procés.

Pongámonos en lo que hasta hace poco parecía imposible. Los sondeos acercan a PP y Vox a los tres quintos de ambas cámaras, la mayoría que exige la reforma ordinaria de la Constitución y los nombramientos de los grandes órganos del Estado. En el Senado, en 2023, se quedaron a trece escaños. Con esa mayoría se podría renovar el Constitucional sin pedir permiso a nadie, empezando por el sillón de un Pumpido cuyo mandato caducó en diciembre. Y se podrían escribir, por fin, las normas que faltan. Decretos que traten una sola materia, para acabar con los ómnibus en los que la subida de las pensiones hace de rehén. Elecciones obligatorias si no hay Presupuestos. La amnistía prohibida con todas las letras, como ya lo están los indultos generales.

La izquierda lo ha entendido antes que nadie. Ya se habla de que Sumar no se presente al Senado en las provincias pequeñas y de que sus candidatos se cuelen en las listas del PSOE, para concentrar el voto frente a una derecha que se presenta dividida.

A veces me pregunto si el PP quiere de verdad esa mayoría. En 2019 Vox propuso presentar un solo candidato al Senado por provincia para no restar votos y Génova respondió que lo esencial se jugaba en el Congreso. Fue el PP quien en 2017 sentó a Pumpido en el Constitucional, de la mano del PSOE. Es el PP quien lleva desde diciembre aplazando su relevo, la última vez invocando a la Virgen de la Bien Aparecida, mientras el magistrado firma la vuelta de Puigdemont. Y es el PP el que, cada vez que puede pactar con Vox, mira de reojo a quienes jamás le van a votar, por si se enfadan. Como si no estuvieran más que enfadados ya.

Sin contar con los ases en la manga y chanchullos varios que pueda tener preparados Sánchez, se presenta una ocasión histórica para revertir los ocho años de camino hacia el abismo que lleva recorridos España. Pero para eso hay que tener voluntad. Voluntad para ganar las elecciones sin complejos y voluntad para hacer los cambios de calado que sean necesarios.

Mi hijo ya sabe que el queso no va en la tostadora. Falta saber si el PP ha aprendido algo después de casi una década viendo saltar los plomos de nuestro país.