Primero, los hechos.

Uno. El Gobierno no ha dado con la tecla para luchar contra la inflación, que ha desbaratado sus intenciones.

Dos. La complejidad normativa y la maraña administrativa han reducido la eficacia de las medidas de apoyo social.

Tres. Ha decidido que no bajará los impuestos, como han hecho otros países; ni siquiera los va a deflactar, como decidieron ayer las tres diputaciones.

Cuatro. No bajará impuestos y no reducirá gastos. Ni siquiera los duplicados o los ineficientes. Estos últimos no sabemos cuáles son, puesto que se niega a realizar un análisis coste/beneficio de ellos.

Cinco. Tiene que mandar un nuevo plan de consolidación fiscal a Bruselas, una vez que el anterior ha sido superado por los acontecimientos. ¿Cuántas veces ha revisado sus previsiones y todas ellas a la baja?

Seis. Somos líderes en Europa a la hora de conseguir fondos europeos (el esperado maná), pero luego perdemos muchos puestos a la hora de canalizarlos a sus destinatarios. Francia ha entregado ya el equivalente al 5% de su PIB; nosotros mucho menos de la mitad, el 0,2%.

Ahora, la ideología.

Siete. La única manera de cuadrar todo eso es mediante una subida de la recaudación. Podría haber elegido actuar sobre la base imponible, pero eso no da réditos electorales. Lo que sí los dan son las subidas de impuestos, siempre que afecten a la odiada banca y a las odiosas energéticas.

Ocho. Aquí hay exceso de improvisación. Cuando se anunció hace quince días, se adelantó el incremento de recaudación, pero no se sabía cuál iba a ser la base del impuesto (se ha cambiado desde el anuncio) ni cuál el tipo. Es decir, tiraba a voleo.

Nueve. Es muy curioso. Cuando las entidades financieras pierden dinero y hay que rescatar a las cajas de ahorro con dinero público, nos molestamos. Pero cuando hacen sus deberes y consiguen ganar dinero, nos molestamos también y decidimos quitárselo.

Diez. Si las energéticas ganan demasiado y obtienen beneficios extraordinarios (concepto imposible de precisar), mucha culpa será del propio Gobierno que tiene regulado y sometido a su criterio a todo el sistema.

Once. Esta decisión suena a arbitrariedad, pues no se entiende la discriminación sectorial ni por tamaño. ¿En base a qué criterio se justifica?

Doce. Supone un atentado contra la seguridad jurídica en sectores que captan dinero -sobre todo extranjero- para financiar sus abultadas inversiones y que quedan al albur del capricho recaudatorio de las autoridades políticas.

Trece. En cualquier caso, ni en el supuesto más favorable en el que se cumplan todas las previsiones, el dinero recaudado no será suficiente para tapar nuestras carencias. 7.000 millones, en dos años, no llegan para pensiones, intereses de la deuda, programas de ayuda, deficit ya comprometido y OTAN. Ni de lejos.