Primero le quemaron el negocio a un concejal de UPN y menudeó la violencia callejera. Después, la extorsión a los empresarios. Ahora ETA se apodera de un importante arsenal de armas. Los hechos no pueden ser desmentidos con palabras por muy esperanzadoras que resulten. Para desvirtuar la amenaza del rearme sólo es válido otro hecho igual de sólido: que devuelvan las armas.
Al principio se dijo que esta tregua era diferente a las anteriores. Que en esta no habría ni violencia callejera, ni extorsión. Que era una tregua total, no como las de José María Aznar. Pero enseguida le quemaron el negocio a un concejal de UPN en Navarra y desde el Gobierno despejaron fuera de la banda toda clase de balones exculpatorios: que si había motivaciones particulares; que el ataque no obedecía a consignas de ETA; que, en todo caso, se investigaría y que ya se darían a conocer los resultados. Hoy seguimos esperando aquellos resultados.
Luego la violencia callejera menudeó mientras el Gobierno miraba hacia otro lado -el PNV, mucho más exigente, le tiró por eso de las orejas al Ejecutivo en una nota oficial en el mes de mayo- o, como mucho, repetía una y otra vez que los ataques eran «incompatibles con el proceso», mensaje que los encapuchados oían como quien oye llover porque percibían que no tenía consecuencias.
Después apareció la extorsión. Los empresarios navarros fueron los primeros en denunciar que seguía el chantaje y el Gobierno dijo en un primer momento que eran «inercias del pasado» o que las cartas se habían enviado antes de la tregua. Cuando se demostró que las cartas seguían llegando muchos meses después, desde las filas socialistas se atacó al mensajero acusando a los denunciantes de seguir las consignas del PP. Han conseguido silenciar a los empresarios, pero no cortar el flujo de extorsión porque este mismo mes de octubre se han recibido nuevas cartas.
Después de esas dos vulneraciones continuadas de los pactos de tregua, ETA pudo sacar la conclusión de que no tenía respuesta suficiente por parte del Gobierno, que no le imponían reglas claras, y siguió dando pasos adelante. Porque de ETA se sabe que ocupa todos los huecos que deja el Estado de Derecho, que está permanentemente poniendo a prueba a las instituciones y cuando descubre un espacio vacío, lo ocupa. Ante las indecisiones en la aplicación de la ley, oponen los hechos consumados.
Ahora ETA se acaba de apoderar de un importante arsenal de armas de fuego, vulnerando abiertamente la tregua. Es otro hecho. Las palabras pueden ser desvirtuadas por los hechos cuando éstos son contrarios a lo que se dice, en cambio los hechos no pueden ser desmentidos con palabras por muy esperanzadoras que resulten. Para desvirtuar la amenaza del rearme de ETA sólo es válido otro hecho igual de sólido: que devuelvan las armas. Que las entreguen en otra operación tan espectacular como la del robo, si lo que quieren es publicidad, como cree el Gobierno, o que se las dejen quitar. Pero se requieren hechos públicos y no promesas de paz secretas.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 30/10/2006