Carlos Martínez Gorriarán-Vozpópuli- Cuando un Gobierno inicia la multiplicación de delitos potenciales es el inicio de una ofensiva de recorte, no de impuestos, sino de derechos y libertades
Para hervir una rana sin que escape, la receta tradicional ordena sumergir al batracio en agua fría y calentarla lentamente, hasta que el animal quede hervido sin darse cuenta. Las leyes autoritarias que el Gobierno Sánchez va aprobando siguen el mismo camino: la temperatura va subiendo lentamente mientras se entretiene a la opinión con otros asuntos y escándalos efímeros. Con su permiso, vuelvo al caso de la Ley Montero que abordamos la semana pasada, e insisto: no es una chapuza jurídica, sino un proyecto político coherente con la prosecución de la dictablanda.
Apuntando al escándalo de la rebaja de penas a violadores condenados, la opinión experta más extendida interpreta que se trata de un efecto no deseado de la ignorancia jurídica y la improvisación política. Pero esa opinión da por sentado que el objetivo de la Ley Montero era endurecer el trato penal de los delitos sexuales. Y nada más incierto.
Se trata de poner bajo sospecha a todos los hombres heterosexuales que no asuman los dogmas de la ideología de género y acoplen su conducta a sus dictados
Los ideólogos de esa ley, como Victoria Rosell, han insistido en que el endurecimiento penal no era el objetivo; sí, en cambio, “mostrar las costuras del sistema judicial”. Y este editorial de su medio amigo Contexto lo aclara, y cito: “Con la entrada en vigor de la reforma legislativa, algunas condenas por delitos sexuales están siendo rebajadas, lo que afecta a las mujeres que han sido víctimas de estas agresiones. Se trata de una consecuencia en gran medida inevitable. Al refundir en un sólo delito lo que antes se llamaban abusos y agresión sexual, las penas mínimas descienden.” Así pues, y aunque tantos juristas prefieran no creerlo, el Gobierno conocía perfectamente las consecuencias de la Ley. Lo del falso amparo del Convenio de Estambul es otra mentira jurídica de la colección, no despiste.
Abunda en esto que Pedro Sánchez haya ordenado apoyar a Irene Montero y asumir la paternidad de la Ley, pasando el Supremo la patata caliente de la “unificación de doctrina” en materia de penas, otro paso para desprestigiar más al Poder Judicial cuando ese órgano diga, como es previsible, que las penas serán las que la Ley diga porque no puede ser de otra manera. Pero para la opinión partidaria quedará claro que las rebajas serán culpa de la judicatura, que debería someterse a cursos de “Estado feminista” con legalidad a la medida del autoritarismo de género.
Hasta que nadie sea inocente
¿Para qué extender el tipo penal de violencia sexual a costa de rebajar las penas a los violadores, que de esto va la ley? Pues por la misma razón que la distópica Ley de Memoria prohíbe celebrar a Franco mientras deja impunes los homenajes a etarras, o por los que la anunciada Ley contra el Maltrato Animal prohíbe tener determinadas mascotas, obliga a los ganaderos a controles delirantes de la vida de sus vacas y equipara las sanciones por lesión a personas y mascotas (o las aumenta si son mascotas). En resumen: están multiplicando el número de posibles delitos por los que cualquiera pueda ser acusado y penalizado. Y eso mientras disminuyen los cometidos por políticos en ejercicio de su cargo, como la sedición y quizás pronto la malversación.
Olvidamos que las ideólogas de la Ley Montero llevan mucho tiempo defendiendo que toda relación heterosexual es una violación en potencia, al servicio del fantasmal heteropatriarcado capitalista, y no lo decían en broma. Se trata de poner bajo sospecha a todos los hombres heterosexuales que no asuman los dogmas de la ideología de género y acoplen su conducta a sus dictados. Pues presunción de inocencia y principio de contradicción son, como la separación de poderes, cosas del Estado burgués y la democracia liberal a sustituir por dictablanda populista woke.
Por otra parte, el aumento de leyes con la excusa de aumentar derechos sociales nos discrimina e incluye contra nuestra voluntad en colectivos inventados. Es el caso de la vergonzosa propuesta que pretende incluir las preferencias sexuales en la demanda de empleo para proteger al colectivo LGTBI, convertido, como las mujeres, en menor de edad civil. Ha pasado desapercibido: la estrategia de la rana avanza erosionando la ciudadanía, basada en derechos personales, y adscribiendo al sujeto a un grupo obligatorio con derechos especiales y obligaciones distintas. Es el principio en rigor, hace ya mucho, en la inmersión lingüística e ideológica obligatoria en la lengua nacionalista en Cataluña, País Vasco y otras comunidades.
Hacia el Estado autoritario
Todo esto favorece la dictablanda y la involución a un Estado autoritario basado no en la igualdad y la libertad, sino en la diversidad entendida como obligación de formar parte de un colectivo dependiente. En efecto, en un sistema democrático con el Estado de Derecho muy debilitado, con división de poderes menguante y donde el número de posibles delitos aumenta sin cesar so capa de proteger a colectivos minorizados, débiles y dependientes, desde las mujeres en general a las mascotas ilegales, o a las víctimas muertas de la dictadura pero no a las vivas del terrorismo, los ciudadanos corrientes e indefensos pasaremos a ser tan sospechosos como ya lo es ese joven imprudente que intenta ligar con el otro sexo siguiendo a sus hormonas y saltándose el veto de género. ¿Acaso hemos olvidado el escándalo artificial del Colegio Mayor Ahuja, y la falsa alarma veraniega de los asaltos sexuales con pinchazos químicos, aventada sin pruebas por la mayoría de los medios?
No importa que los pretextos parezcan irreprochables: cuando un Gobierno inicia la multiplicación de delitos potenciales es el inicio de una ofensiva de recorte, no de impuestos, sino de derechos y libertades: es la carrera a la dictablanda. Ahí está el experimento chino que encandila a todos los aspirantes a dictador: privar a la población hasta del más elemental derecho con la política de Covid19 cero que no terminará con el virus, pero sí con las escasas libertades garantizadas en el antiguo Celeste Imperio. Lo advirtió Cicerón en el memorable latín lapidario: Summum ius summa iniuria, cuanta más ley más injusticia. Como el no menos lapidario Tácito: Corruptissima republica, plurimae leges: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes hace. Entre tanto, distraída con otras cosas, la rana va hirviendo lentamente en el autoritarismo distraído del Gobierno Sánchez.