De cuantos dogmas pretende imponernos a golpe de fatwa la izquierda gobernante, destacan por su atrevimiento los que atañen a los hijos. Porque invaden el santuario más sagrado de nuestra emotividad. Porque atropellan sentimientos y creencias sin la menor consideración. Porque atacan el vínculo más sólido existente en las relaciones humanas con el objetivo de disolverlo para sembrar propaganda en el yermo resultante. Ya dijo Isabel Celaá, entonces ministra de Educación, que «los hijos no son de sus padres». Son lo que en cada momento establezcan los guardianes de la moral biempensante.

El recurso de Ana Obregón a la gestación subrogada ha servido de escaparate para una exhibición obscena de esta práctica totalitaria. Las autoproclamadas sacerdotisas del culto a la «fémina empoderada», las que han entronizado el aborto como derecho indiscriminado de la mujer, las del «hermana yo sí te creo», no han dudado en lapidar sin piedad a ésa en concreto, desde los púlpitos mediáticos que les brindan su cargos públicos, acusándola de recurrir a una fórmula que consideran violencia contra la madre que se presta libre y voluntariamente a gestar el hijo de otra. A su modo de ver presuntamente feminista y profundamente arrogante, inducir la liquidación (que no interrupción) de un embarazo por el procedimiento de triturar en el vientre materno a la criatura que crece en él es algo totalmente lícito e inocuo. Una potestad sacrosanta de las mujeres, no solo regulada a fin de evitar males mayores, sino normalizada hasta el punto de convertirla en derecho incuestionable. Facilitar la maternidad a las personas que no pueden alcanzarla por vías naturales se considera, por el contrario, una ofensa imperdonable a la decencia y buenas costumbres «progres», especialmente si quien lo hace es una mujer con dinero y sin adscripción partidista. Cuando se trata de parejas de hombres, en cambio, no hay censura que valga. ¿Incoherencia, cobardía o mero cálculo electoral? El ejercicio de hipocresía es tan patente, tan flagrante, que retrata a personajes como Baldoví, diputado vitalicio de Compromís, quien ha salido a manifestar su escándalo al grito de «la paternidad o maternidad no puede ser un derecho».

Según el culto imperante en esta sociedad víctima de un experimento a gran escala, matar hijos está bien. Traerlos al mundo por persona interpuesta es tan deleznable que ha de prohibirse, sin margen para el debate. Así lo dicta y rubrica la ministra Irene Montero, custodia de nuestra igualdad, quien afirma que «los niños pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana» (sic), sin perjuicio de la legislación vigente, que todavía protege a los menores de edad, hasta que la autora de la ley del ‘solo sí es sí’ disponga otra cosa, o sin que sus padres interfieran en su decisión soberana. Mejor dicho, sus «progenitores», según la terminología al uso en la nueva Ley de Familias, que proscribe a las numerosas, sospechosas de ser franquistas.