ABC 08/03/16
· Sostiene que la Fiscalía ha pedido investigarle porque DiL es clave en la investidura del Gobierno
En una iniciativa con pocos precedentes, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la querella por la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014 permitió ayer al diputado de DiL y exconsejero de la Generalitat, Francesc Homs, explicarse. Que declarara voluntariamente, aunque con abogado, después de que Fiscalía haya pedido que también se le investigue por organizar la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional (TC); un caso por el que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y su exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega ya fueron imputados el pasado octubre.
Como Homs es diputado –aforado– su investigación la dirimirá el Tribunal Supremo (TS). El TSJC le remitirá ahora al TS un escrito en el que razonará si ve motivos para investigar a Homs y si se debe trasladar toda la causa a Madrid. Y el Supremo tendrá la última palabra en todo.
Homs aceptó gustoso la «invitación» del TSJC para declarar y ayer se entendió por qué. En una hora, sin apenas contestar preguntas y solo a las del juez, Joan Manel Abril –ni al fiscal ni a la acusación de Manos Limpias–, el diputado releyó una declaración escrita y proclamó que la querella del 9N es un «proceso político». «No tengo vocación de héroe, ni de mártir», soltó ante el juez, según fuentes judiciales, y acusó a la Fiscalía de haber pedido ahora su imputación –más de un año después de presentarse la querella– solo por motivaciones políticas. A las órdenes de un Gobierno del PP que tiene un «mal perder» tras las elecciones catalanas que encumbraron a los independentistas, y por «oportunismo político». Porque ahora DiL puede ser «determinante» en la formación de un nuevo Gobierno en España.
«Es una monstruosidad pedir prisión por poner unas urnas de cartón», se lamentó Francesc Homs al comparecer en la sede de Convergència tras deponer ante el TSJC. Lo hizo flanqueado por Artur Mas y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quienes por contra no le arroparon ante las puertas del tribunal. Allí se congregaron poco más de 200 personas convocadas por entidades independentistas como la ANC y la AMI u Òmnium, así como varios diputados y miembros del Gobierno catalán. Como el vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) o los consejeros convergentes Santi Vila, Josep Rull o Neus Munté, entre otros. También estuvo el magistrado suspendido y senador de ERC Santi Vidal. Una claque mucho menor que la que vitoreó a Mas cuando acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ayer no hubo ni que cortar la calle.
La Fiscalía pidió que le investiguen por una carta aparecida durante la instrucción que le incrimina. El entonces consejero de Presidencia la envió tres días antes de la consulta al responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat (CTTI), que le inquiría por las dudas que tenía la empresa que diseñó el sistema informático de la votación (T-Systems). La empresa pidió que le aseguraran que no vulneraría la ley, ya que el TC había suspendido la consulta días antes. Homs contestó que los servicios jurídicos de la Generalitat avalaban la legalidad de la consulta.