Horizonte de grandes pactos de Estado

EL MUNDO 31/10/16

La composición plural del Congreso y el hecho inédito de que el Gobierno esté sostenido sobre una minoría de 137 diputados abre la expectativa de que se afronten las grandes reformas pendientes mediante pactos de Estado. Según el guion del discurso de investidura de Mariano Rajoy, se acometerán cuanto antes tres grandes asuntos –financiación autonómica, pensiones y educación– y la amenaza para la unidad de España en Cataluña

El desgarro provocado por la gestión social de la crisis y la respuesta política a la corrupción ha llevado a que España afronte, por primera vez desde la restauración de la democracia, una legislatura en la que el Congreso ofrece una composición tan plural que es imposible de antemano la formación de mayorías predecibles y estables. El Gobierno está sostenido sobre 137 diputados. Ciudadanos aporta otros 32 y Coalición Canaria, uno, por lo que la suma se quedaría a seis de la mayoría absoluta, pero además los dos han circunscrito su respaldo a la investidura de Mariano Rajoy y bajo severas condiciones, sin descartar que puedan eventualmente apoyarse en otros grupos para dar lugar a mayorías alternativas a la tejida en torno al PP.

Se inicia así una legislatura que para ser mínimamente fructífera y duradera y no ahondar en el descrédito de las instituciones tiene que pasar por el diálogo y la concertación entre las fuerzas políticas, en especial entre las que tradicionalmente han vertebrado la cohesión social en España: el PP y el PSOE, cuyo grupo, zaherido por profundas divisiones y la amenaza del populismo, cuenta con 84 escaños.

Este conjunto de circunstancias ha alimentado la expectativa de que acaben dándose las condiciones que permitan que España afronte las grandes reformas pendientes mediante grandes pactos de Estado, a la manera de una segunda Transición, de tal manera que queden resueltas mediante acuerdos transversales que garanticen su permanencia al margen de los vaivenes propios de las mayorías coyunturales que vayan dibujando en el Congreso las sucesivas convocatorias electorales.

Al optimismo contribuyen las líneas generales del pacto de investidura firmado entre el PP y Ciudadanos, que incluye medidas de regeneración institucional de enorme calado como la que afectaría al Poder Judicial. Pero, principalmente, la vocación moderada y tolerante, proclive al consenso, que exhibieron durante el debate de investidura el candidato, Mariano Rajoy, y el portavoz socialista, Antonio Hernando. Ambos parecen coincidir en la necesidad de tomar la iniciativa para revertir la amenaza para la unidad de España que representa el proceso independentista en Cataluña. En el guion de su discurso, Rajoy ofreció tres grandes pactos de Estado a afrontar inmediatamente: pensiones, financiación autonómica y educación, todas en el horizonte de los próximos meses. EL MUNDO resume en estas páginas las claves de estos cuatro grandes retos ineludibles para el país.


· Diálogo con referéndum unilateral al fondo
Es poco probable que Mariano Rajoy tenga unos primeros 100 días de legislatura tranquilos. Carles Puigdemont y su Govern esperan al presidente de uñas, con muchos reproches porque consideran que en los últimos cuatro años se ha dedicado a aparcar el problema catalán y a combatir el independentismo desde los juzgados. La hoja de ruta unilateral de la Generalitat, que incluye ahora la promesa de convocar un referéndum de autodeterminación con o sin permiso del Estado en septiembre de 2017, presagia una colisión si no se abre el diálogo sobre el modelo territorial.

Durante el debate de investidura, el presidente no ofreció demasiadas pistas sobre cómo piensa afrontar la próxima embestida de Puigdemont y los suyos. Sí dijo que buscará el «entendimiento» con otros partidos, aunque matizó que aún no tiene claro ni qué hacer –«el procedimiento»– ni cómo hacerlo –«el foro»–. Rajoy se mantiene en las directrices que han guiado hasta ahora su actuación desde que en 2012, hace ya cuatro años, Artur Mas se convirtiera al independentismo: respeto a la ley por encima de todo y búsqueda de grandes consensos para afrontar cualquier cambio.

En sus réplicas tanto a Joan Tardà (ERC) como a Francesc Homs (PDC, la antigua Convergència), denostó el referéndum, sobre todo porque no es fruto de un acuerdo, sino de una decisión unilateral de la Generalitat. «Estoy dispuesto al diálogo, pero ¿yo puedo hablar? No voy a asumir contratos de adhesión», le dijo a Homs.

De momento, el Govern independentista, con mayoría en el Parlament, ya ha anunciado que no va a participar en la negociación de la nueva financiación autonómica que Rajoy abrirá en los próximos días. Se trata de un gesto de Esquerra –que en esta legislatura controla el Departamento de Economía de la Generalitat– para visibilizar su enojo con las acciones de la justicia contra, entre otros, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por avanzar en el proceso independentista.

«No participaremos en una reforma de la financiación que no sirve de nada», dijo Oriol Junqueras el día después de que Rajoy ofreciera ese camino para empezar a hablar. El nuevo Gobierno español tiene trabajo por delante en Cataluña.


· Manga ancha con el déficit de las CCAA
El guiño constante y las buenas relaciones con los barones autonómicos, especialmente con la líder socialista andaluza, Susana Díaz, tendrá que ser una de las prioridades de Mariano Rajoy para sacar adelante la legislatura. Tiene dos mecanismos a su alcance: la financiación autonómica y la senda de ajuste de déficit.

Soraya Sáenz de Santamaría aseguró el pasado viernes que una de las primeras medidas que tendrá que tomar el nuevo Gobierno será plantear un techo de gasto para el conjunto del Estado y una senda de déficit para éste y los próximos años para las comunidades autónomas. Gracias a esa primera medida, los barones no tendrán que rebajar el déficit al 0,3% este año, como están obligados actualmente, sino al 0,7%. En 2017 no será el 0,1%, sino posiblemente por encima del 0,5%, lo que facilitará sobremanera el ajuste a las comunidades en general a costa de mayor esfuerzo para la Seguridad Social y otros retos de la Administración Central.

El propio Rajoy se comprometió el sábado a pactar un nuevo modelo de financiación autonómica.

Para no ofrecer una nueva imagen de que arrastrará los pies en este capítulo como hizo en la anterior legislatura, el líder del PP se compromete a convocar «de inmediato» una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado en cuanto forme Gobierno. El orden del día será un «diagnóstico compartido sobre el modelo y la suficiencia financiera, la puesta al día de los principios de solidaridad y cooperación que han marcado el desarrollo de la financiación autonómica», según el anuncio de Rajoy.

Actualmente, hay comunidades consideradas como financiadas en exceso, como las que presiden los socialistas Javier Fernández en Asturias o Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que lógicamente, se negarán a perder fondos en el nuevo modelo; pero la mayoría, incluida Andalucía y, sobre todo, la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, se encuentran infrafinanciadas, según expertos del Ministerio de Hacienda. La única solución para que los primeros no pierdan y los segundos reciban más es un aportación adicional al sistema de la Hacienda central, como ya hizo el Gobierno de Zapatero en 2009 para dar satisfacción a la Generalitat de Cataluña sin penalizar al resto de comunidades. Tuvo que aportar 11.000 millones en plena crisis.


·
Creación de empleo y financiación vía impuestos
Mariano Rajoy asume la Presidencia con importantes desafíos en materia de Empleo y Seguridad Social. Por delante, lograr los 20 millones de ocupados en cuatro años y seguir reduciendo la tasa de paro, que esta semana bajó de la barrera psicológica del 20%. Además, deberá buscar fórmulas que den tranquilidad a los pensionistas en un momento en el que se ha puesto en entredicho la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

En la sesión de investidura, Rajoy se comprometió a convocar de «manera inmediata» la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo para abordar con todos los grupos parlamentarios las medidas necesarias para garantizar y fortalecer el sistema público de pensiones.

Aunque la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha insistido en reiteradas ocasiones en que la garantía del actual modelo pasa por la creación de empleo; el Gobierno tampoco descarta otras fórmulas como financiar las pensiones de viudedad u orfandad vía impuestos.

Lo que está claro es que se tienen que tomar medidas urgentes porque hasta ahora se ha recurrido al Fondo de Reserva, la conocida popularmente como hucha de las pensiones, para pagar la extra a los pensionistas; pero a partir del año que viene no se podría sacar más del 3% del gasto destinado a pagar las pensiones contributivas y su gestión, si no se prorroga la suspensión de esta limitación y, para ello, se necesita mayoría parlamentaria. Además, según los documentos remitidos a Bruselas por el Ejecutivo, la hucha de las pensiones entraría en números rojos a finales de 2017.

Desde los sindicatos consideran que con la excusa de la falta de Gobierno no se han adoptado medidas que podrían haberse llevado a cabo y que podrían haber supuesto un desahogo para las arcas de la Seguridad Social como acabar con las bonificaciones a la contratación que, en su opinión, restan ingresos y no estimulan la creación de empleo.

En este ámbito, el Gobierno tendrá que lidiar con otra patata caliente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que exige que los interinos reciban la misma indemnización en caso de finalización de su contrato que los trabajadores indefinidos, y que abre la puerta a que el resto de trabajadores temporales reciban también la misma compensación que los fijos, obliga al Ejecutivo a adaptar la normativa europea a la legislación española.


· Creación de empleo y financiación vía impuestos
Mariano Rajoy asume la Presidencia con importantes desafíos en materia de Empleo y Seguridad Social. Por delante, lograr los 20 millones de ocupados en cuatro años y seguir reduciendo la tasa de paro, que esta semana bajó de la barrera psicológica del 20%. Además, deberá buscar fórmulas que den tranquilidad a los pensionistas en un momento en el que se ha puesto en entredicho la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

En la sesión de investidura, Rajoy se comprometió a convocar de «manera inmediata» la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo para abordar con todos los grupos parlamentarios las medidas necesarias para garantizar y fortalecer el sistema público de pensiones.

Aunque la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha insistido en reiteradas ocasiones en que la garantía del actual modelo pasa por la creación de empleo; el Gobierno tampoco descarta otras fórmulas como financiar las pensiones de viudedad u orfandad vía impuestos.

Lo que está claro es que se tienen que tomar medidas urgentes porque hasta ahora se ha recurrido al Fondo de Reserva, la conocida popularmente como hucha de las pensiones, para pagar la extra a los pensionistas; pero a partir del año que viene no se podría sacar más del 3% del gasto destinado a pagar las pensiones contributivas y su gestión, si no se prorroga la suspensión de esta limitación y, para ello, se necesita mayoría parlamentaria. Además, según los documentos remitidos a Bruselas por el Ejecutivo, la hucha de las pensiones entraría en números rojos a finales de 2017.

Desde los sindicatos consideran que con la excusa de la falta de Gobierno no se han adoptado medidas que podrían haberse llevado a cabo y que podrían haber supuesto un desahogo para las arcas de la Seguridad Social como acabar con las bonificaciones a la contratación que, en su opinión, restan ingresos y no estimulan la creación de empleo.

En este ámbito, el Gobierno tendrá que lidiar con otra patata caliente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que exige que los interinos reciban la misma indemnización en caso de finalización de su contrato que los trabajadores indefinidos, y que abre la puerta a que el resto de trabajadores temporales reciban también la misma compensación que los fijos, obliga al Ejecutivo a adaptar la normativa europea a la legislación española.