EL CORREO 05/09/13
· El presidente del Tribunal Superior y la consejera de Seguridad del Gobierno vasco protagonizan un tenso cruce de escritos por la retirada de escoltas a la cúpula judicial
· El Ministerio del Interior rechaza hacerse cargo en exclusiva de la protección de los magistrados
La crisis abierta entre la cúpula del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y el Departamento de Seguridad del Gobierno por la retirada de los servicios de escolta privados entró ayer en una nueva dimensión. Lejos de reconducirse, la amenaza de conflicto institucional se enconó por el cruce de reproches y acusaciones veladas que ambas partes se dedicaron a través de una sucesión de cartas remitidas en espacio de pocas horas.
El escenario es el siguiente: la consejería no tiene previsto dar marcha atrás en su decisión de adaptarse al final de ETA limitando la protección a cargos de máxima representación institucional –entre ellos al presidente del alto tribunal vasco, Juan Luis Ibarra– y a algunos cargos concretos. Y la cúpula de los jueces insiste en que se trata de un «agravio comparativo» respecto a otros colectivos –como parlamentarios y alcaldes– y una «desconsideración» hacia lo que representa la Magistratura en Euskadi. Por tanto, considera que cualquier medida que se planteé tiene que dar respuesta a las necesidades de los cinco magistrados afectados. Las posturas, en definitiva, siguen enfrentadas y con pocas perspectivas de que se llegue a un acuerdo a corto plazo.
Un día después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior acordase enviar a Lakua una queja oficial por la decisión de «clausurar» los servicios de protección que tenían los últimos cinco magistrados en virtud de su cargo –el presidente del TSJPV, los tres responsables de las Audiencias provinciales y el juez decano de Bilbao–, el Departamento de Seguridad reaccionó con otro escrito de apenas dos folios, pero que hace evidente el malestar con el que ha sido acogida en el Gobierno la protesta de los jueces.
La carta firmada por la propia consejera Estefanía Beltrán de Heredia insiste en que la «comunicación personalizada» de las retiradas de escoltas, que llevan desarrollándose desde hace meses con diversos colectivos, empezó en este caso concreto el pasado abril. Frente a las acusaciones de falta de «consideración institucional», la consejera asegura que fue ella misma la que se «encargó» de informar personalmente sobre los cambios previstos a Juan Luis Ibarra y recuerda que el presidente del TSJPV «cuenta» con servicio de protección de la unidad de berrocis de la Ertzaintza, siguiendo el «criterio» de proporcionar guardaespaldas únicamente a los «cargos de representación institucional» y otra serie de casos concretos.
Las fuentes consultadas por este periódico apuntaron que el máximo responsable de los jueces vascos, que hasta ahora venía siendo protegido por dos escoltas privados de su confianza, rechazó esta propuesta, pero que, en todo caso, tiene asignado un dispositivo de seguridad. Según medios cercanos a Ibarra, su renuncia fue una muestra de «solidaridad» hacia los otros representantes de la cúpula judicial a los que se ha eliminado por completo la protección desde el 1 de septiembre.
El escrito remitido por el Gobierno autonómico lanza otro mensaje con una importante carga de profundidad para contestar a una de las peticiones planteadas por los jueces. En este caso, los magistrados solicitaron «mantener la vigencia» del dispositivo durante este ejercicio con el objetivo de incluir en los Presupuestos Generales de 2014 una partida que permita «restituir» a las autoridades afectadas los «vehículos de incidencias» y el «personal conductor» que fue «amortizado» como consecuencia del programa de protección que se creó para amparar los jueces a raíz del asesinato de José María Lidón en 2001. A este respecto, el Gobierno insiste en que se debe «diferenciar con claridad» los «criterios» que deben regir los dispositivos implantados para garantizar la seguridad de las personas amenazadas por ETA de «aquellas necesidades» de «vehículos de incidencias» y «servicios de movilidad» que los magistrados necesitan «en el ejercicio de sus funciones». En este sentido –añade la consejera–, el Departamento ofreció a través de la cartera de Justicia «varios vehículos» para que fueran utilizados por las autoridades judiciales afectadas «hasta que se pudiera normalizar» la situación.
«Falta de consideración»
La postura del Gobierno vasco ha levantado ampollas entre la cúpula judicial, que critica también las «formas» con las que se ha comunicado la decisión, sin «esperar» a las reuniones que durante este mes deben celebrarse entre los jueces y el Departamento de Seguridad. En un primer término, fue el juez decano de Bilbao –uno de los afectados– el que censuró que la medida se haya comunicado mediante una llamada telefónica sin dar las explicaciones oportunas que justifiquen que existe «riesgo cero» de amenaza terrorista. «No tenemos inconveniente en aceptarlo. Pero que se nos diga. Ha sido una muestra de desconfianza y una falta de consideración. Desde el punto de vista institucional, no es serio», apuntó en declaraciones a la agencia Efe.
Horas después, fue el propio Juan Luis Ibarra el que decidió enviar a la consejera un breve y duro escrito en el que dejó claro el malestar con el que recibió su carta. El presidente del TSJPV aseguró que, «sin perjuicio de remitirle otras precisiones sobre datos erróneos» contenidos en el mensaje, se veía en la necesidad de aclarar «de manera inmediata que no es cierto» que la Ertzaintza esté protegiéndole en estos momentos.
El máximo representante del alto tribunal vasco aprovecha para «recordar» a Beltrán de Heredia que el pasado 24 de julio desde el Departamento les comunicaron que José Ramón Lezertua –un mando de la Ertzaintza– tenía previsto presentar una «propuesta de planificación» para el servicio de protección para la presidencia del TSJPV que todavía «no ha sido recibida». En este sentido, Ibarra aprovecha para, en una muestra de solidaridad con los magistrados afectados, «sugerirle» que esta propuesta incluya la «planificación» de la seguridad para los otros cargos que comparten con él la «representación ordinaria del Poder Judicial» en Euskadi y para el juez decano de Bilbao.
Por otro lado, fuentes del Ministerio del Interior rechazaron ayer hacerse cargo en exclusiva de la protección de los jueces, tal y como solicitaron los magistrados vascos en su primer escrito.