Confirma que no esperará a que el Constitucional emita una sentencia firme sobre su iniciativa plebiscitaria, requisito indispensable para acudir a la Corte europea. El lehendakari y los consejeros firmarán a título personal la demanda por el veto a la consulta, que se registrará el próximo día 16. Los partidos del Gobierno gestionarán la recogida de firmas de apoyo.
El lehendakari se apeará momentáneamente del cargo el próximo 16 de septiembre. Será simplemente «Juanjo Ibarretxe», ciudadano vasco, el que estampe su firma en la demanda que impulsará el tripartito que él lidera ante la Justicia comunitaria contra España por supuesta «violación» del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales. Palabras mayores.
La denuncia, que será registrada en dos semanas ante el Tribunal de Estrasburgo contra el mismo Estado al que Ibarretxe también representa -es su máxima autoridad en Euskadi-, se basará nada menos que en la presunta vulneración de la libertad de pensamiento, expresión, asociación y participación política. Todo ello, por el rechazo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la consulta auspiciada por el lehendakari para el 25 de octubre, que será previsiblemente prohibida por razones de inconstitucionalidad.
Dos semanas después de manifestar públicamente su confianza en un pronuciamiento favorable del Constitucional, el jefe del Ejecutivo de Vitoria no sólo dio ayer por sentado el ‘no’ de los jueces: confirmó, además, que ni siquiera esperará a que el alto tribunal emita una sentencia firme sobre su controvertida iniciativa plebiscitaria, requisito en principio indispensable para acudir a la Corte europea, una vez agotadas todas las vías internas de recurso.
Si el 15 de septiembre, la fecha prevista en la ley para la convocatoria de la consulta, no puede oficializar el llamamiento a las urnas, denunciará al Estado -en compañía de todos los ciudadanos particulares que PNV, EA, EB y Aralar logren movilizar hasta entonces- con el argumento de que los derechos fundamentales de los vascos quedarían «dañados para siempre» al no poder abrirse los colegios electorales. Si el Constitucional no se hubiese pronunciado para entonces, la consulta no podría realizarse al estar suspendida cautelarmente. Todo apunta, no obstante, a que el alto tribunal -que abrirá el próximo lunes el debate sobre los recursos del Ejecutivo socialista y del PP- resolverá las impuganaciones en breve plazo; posiblemente, esa misma semana.
«Siento que, al no permitirme dar mi valoración para decirle a ETA que la violencia se ha acabado para siempre y exigir a los partidos que se sienten en una mesa para alcanzar acuerdos políticos, se están violando mis derechos fundamentales. Por eso recurriré individualmente el 16 de septiembre», anunció el lehendakari en su comparecencia ante los medios en el Palacio de Miramar, de San Sebastián, donde el Consejo de Gobierno celebró la reunión de arranque del curso político. Y lo hizo a lo grande para confirmar los vaticinios de quienes, desde el tripartito, auguraban un ‘otoño caliente’.
La decisión de denunciar a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se cerró de forma definitiva en la comida que, como ya adelantó este periódico, mantuvieron el pasado jueves en Vitoria el lehendakari y los líderes de PNV, EA y EB. Los comensales estimaron entonces la necesidad de pisar el acelerador e iniciar su periplo europeo en defensa del derecho a decidir sin más dilaciones -cumplir los plazos ordinarios supondría abandonar la estrategia de movilización victimista en la que esperan sustentar su estrategia de precampaña-, sobre la base del informe jurídico que los letrados de Ajuria Enea han venido elaborando durante el verano.
Precedente fallido
Escarmentados del fallido intento de pleitear en Estrasburgo contra la Ley de Partidos que propició la ilegalización de Batasuna -los magistrados europeos consideraron que el Gobierno vasco no era competente para plantear la demanda al ser parte del Estado al que denunciaba-, los asesores legales de Ibarretxe le han aconsejado ahora que sean ciudadanos particulares los que se personen como demandantes.
Así lo harán el lehendakari y todos sus consejeros que, a título particular, rubricarán el documento. A partir de ahí, explicó Ibarretxe, son los partidos y los ciudadanos los que están «legitimados» para registrar la denuncia, a la que se le quiere dar un marcado cariz ciudadano. Hizo un llamamiento, de hecho, a las fuerzas políticas para que asuman todo el protagonismo de la iniciativa y se dediquen a «gestionarla, canalizarla y liderarla» con el fin de sumar voluntades a la misma. Aunque Ibarretxe no concretó cómo, las fuentes consultadas por este periódico en el tripartito apuntan que PNV, EA, EB y Aralar utilizarán su infraestructura para poner en marcha una recogida de firmas más compleja de lo habitual.
Los partidos que respaldan la iniciativa de Ibarretxe movilizarán a su militancia y a su base social y servirán de puente para que todos aquellos ciudadanos que así lo deseen registren ante notario -todas las firmas deben validarse mediante poder notarial- su adhesión a la denuncia. Las mismas fuentes explicaron que el tripartito no se ha marcado metas en cuanto al número de apoyos -sólo quedan dos semanas para la fecha anunciada- y ha dado prioridad a la posibilidad de registrarla cuanto antes.
Ibarretxe se refirió a la demanda como una iniciativa «de calado democrático, de profundidad política y socialmente pacífica» y descartó que, por el momento, el tripartito vaya a impulsar otro tipo de medidas de protesta. Tampoco aclaró si su Gabinete o los representantes de los partidos emprenderán viaje a la sede del Tribunal europeo para escenificar su protesta, aunque todos los medios consultados se inclinan a creer que habrá foto de la delegación vasca en Estrasburgo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Ibarretxe citó cinco artículos del Convenio Europeo para justificar la denuncia.
Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho implica (…) la libertad de manifestar (…) sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado. (…).
Artículo 10. Libertad de expresión: (…) comprende la libertad de opinión (…) sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas (…). Su ejercicio podrá estar sometido a ciertas formalidades (…) previstas por la ley que constituyan medidas necesarias para la seguridad nacional, la integridad territorial (…).
Artículo 11. Libertad de reunión y asociación: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación (…).
Artículo 13. Derecho a un recurso efectivo: (…) ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Artículo 14. Prohibición de discriminación: el goce de los derechos y libertades (…) ha de ser asegurado sin distinción alguna, por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
EL CORREO, 2/9/2008