Las Cumbres Iberoamericanas nacieron en Guadalajara en 1991 del empeño personal del Rey Juan Carlos, respaldado por Felipe González, en vísperas del V Centenario del Descubrimiento de América. Su mayor virtud fue reunir a gobiernos de distinto signo alrededor de una herencia compartida y unos principios de democracia y libertad. Nunca pretendieron constituir una internacional ideológica, sino ofrecer un espacio estable de cooperación y diálogo, capaz de superar las diferencias políticas sin renunciar a los valores democráticos. La política de muros promovida por Pedro Sánchez durante esta legislatura ha terminado, sin embargo, por impregnar también la acción exterior española. La división entre progresistas y reaccionarios, utilizada para desacreditar la alternancia democrática, resulta especialmente perniciosa cuando se proyecta sobre Iberoamérica. Sánchez ha privilegiado sus afinidades ideológicas, como demostró la cumbre progresista que promovió en Barcelona, mientras mantenía enfrentamientos con otros mandatarios. El pronunciado giro a la derecha registrado en buena parte de Iberoamérica durante el último ciclo electoral ha acentuado esta contradicción: Madrid recibe a presidentes mayoritariamente alejados de los postulados de la Moncloa.

Sería simplista atribuir todas las ausencias a una causa. Tampoco son equiparables las de dirigentes democráticos con representantes de dictaduras como Cuba y Nicaragua. Pero el desenlace muestra los límites de una diplomacia identificada con las políticas del presidente. El adelanto electoral ha agravado esa confusión, al situar la reunión en medio de la disputa por el poder. Frente a esa lógica divisiva, la Corona brilla como factor de continuidad. Felipe VI ha heredado el compromiso de Juan Carlos I con Iberoamérica y tiene excelentes relaciones con sus homólogos, al margen de preferencias políticas. Ese capital merece ser protegido de cualquier instrumentalización electoral.

La Comunidad Iberoamericana no puede reducirse a una fotografía de presidentes ni a declaraciones solemnes. Su fortaleza reside también en las empresas, las universidades y los ciudadanos. España debe promover la seguridad jurídica, facilitar los intercambios y convertir los acuerdos sobre cooperación digital, educación y prevención de desastres en resultados verificables. Todo ello desde una defensa inequívoca de la democracia y los derechos humanos, distinguiendo entre las discrepancias legítimas con gobiernos democráticos y la condena de las dictaduras. Iberoamérica merece una política española de Estado, no una prolongación de las preferencias partidistas de la Moncloa. Necesita puentes, no muros.