La propuesta del PP, realizada en el marco de las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía, para recuperar el castigo penal a la convocatoria de referendos ilegales de independencia y, sobre todo, para poder «disolver» los partidos que los promuevan certifica el abismo que hoy separa a populares y socialistas sobre el modo de afrontar las pulsiones de ruptura territorial. La supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación en el Código Penal pactada por el Gobierno con ERC y el posterior borrado de las causas del ‘procés’, acordado ahora con Junts para investir a Pedro Sánchez, otorgan razones de peso a los populares para inferir que se está produciendo un «vaciamiento» del Estado de Derecho frente a quienes ya forzaron ilegalmente sus costuras en otoño de 2017 en Cataluña y no han renunciado a volver a hacerlo. Un debilitamiento de la capacidad de respuesta de la ley de la que vienen alertando jueces, fiscales y expertos constitucionalistas, y que puede justificar reformas en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero, siendo esto así, las iniciativas promovidas por un partido de Gobierno y con amplias responsabilidades no pueden destilar el halo de improvisación, el confusionismo y las más que razonables dudas de constitucionalidad que muestra la propuesta popular. La suspensión de la actividad de una fuerza política y, por supuesto, su ilegalización son decisiones extremas en un sistema democrático avanzado, que parecen a todas luces exageradas aun cuando sus responsables hayan podido incurrir en graves delitos relacionados con la convocatoria de un referéndum ilegal, una declaración de independencia o la participación en sus preparativos. El PP debe aclarar sus propósitos en este sentido y los más que cuestionables fundamentos jurídicos en los que se asienta el texto presentado en el Congreso, con el que lanza un guiño al electorado de Vox a costa de favorecer el victimismo de los secesionistas y reforzar el bloque que han formado con Sánchez.

La traumática experiencia de 2017 en Cataluña evidenció que la mera aplicación de la ley no basta para revertir las reivindicaciones rupturistas. Pero conviene no olvidar nunca que el respeto a esa ley como expresión de la democracia no constituye una decisión optativa, sino un compromiso con la convivencia del que no puede sentirse exento ningún partido en función de sus aspiraciones.