Se puede discutir si un condenado por malversar fondos públicos debe acabar en la cárcel o no. Sin duda existen otras formas de saldar la deuda, la primera de las cuales debería ser devolver lo sustraído. Lo que resulta inapelable es que el código penal vigente en España establece penas de prisión para ese delito; exactamente de dos a seis años si la cantidad desviada es superior a 4.000 euros, independientemente de dónde haya ido a parar el dinero. El hecho de no haberse enriquecido personalmente no constituye eximente ni atenuante alguno. Si el PSOE y su secretario general consideran que debería serlo, pueden cambiar el texto de dicho Código y someter la reforma a votación en el Congreso. Entre tanto, la ley está para cumplirse y la justicia exige que se aplique de igual modo a todos.

Viene esta introducción a cuento de la desvergonzada campaña de blanqueamiento lanzada desde la Moncloa para justificar preventivamente el indulto con el que Sánchez se dispone a rescatar al expresidente de la Junta de Andalucía de la pena de privación de libertad impuesta por el Supremo. Una operación que viene de lejos, en la que se han implicado a fondo todos los medios de comunicación afines al socialismo y que ha escalado en los últimos días con la publicación de ese manifiesto en el que gentes de mayor y menor prestigio se suman con sus nombres y apellidos a la petición de la medida de gracia presentada por la familia de Griñán. Así, cuando el jefe del Ejecutivo conceda su favor al reo, dispondrá de una coartada inmejorable para eludir el desgaste político inherente a esa decisión. «No lo hago por mí ni por mi partido –nos dirá, engolando la voz–, sino conmovido por el clamor popular que llega hasta mis oídos».

¡Qué bien hace estas cosas la izquierda! Roban más de seiscientos millones del contribuyente y los parados a quienes iban destinados, los emplean para crear una red clientelar que les garantiza el poder durante décadas, ponen toda clase de trabas a la investigación del caso, y cuando por fin la verdad sale a la luz, convierten a los delincuentes en víctimas, movilizan a los suyos y consiguen que algunas personas decentes respalden de buena fe la trama minuciosamente urdida con el fin de garantizarse impunidad. ¿Se imagina alguien a cualquiera de esos ‘abajofirmantes’ suscribiendo una petición similar para un dirigente del Partido Popular castigado por una conducta idéntica? No. La derecha es corrupta mientras no demuestre lo contrario. Los ‘progresistas’, por el contrario, gozan de presunción de inocencia incluso cuando han sido juzgados y condenados en firme. Entonces llega el momento de recurrir el indulto, previo lavado de cara que justifique el perdón y salve a Sánchez de pagar la cacicada en las urnas.