Incendiarios

Actualmente hay en las cárceles unos 400 presos de ETA, los mismos que había hace 40 años, cuando Franco y su régimen estaban a punto de morir. Esos cuatro centenares de presos constituyen la inmensa mayoría de los miembros de la banda, según las policías francesa y española, que cifran en unas decenas los miembros de ETA en libertad, desperdigados en varios países. No es de extrañar, por ello, que gran parte de la actuación propagandística de lo que queda de ETA se centre en los presos y en la política penitenciaria del Gobierno. Y que sus imitadores, incluyendo los grupúsculos que tratan de revivir la violencia callejera incendiando autobuses, utilicen como pretexto y bandera las reivindicaciones de los presos de la banda.

El pasado fin de semana unos desconocidos armados de garrafas de gasolina y decenas de octavillas quemaron cerca de Bilbao ocho autobuses de una empresa concesionaria de la sociedad pública de transporte de viajeros de Vizcaya. Las octavillas eran para firmar el incendio mediante la exigencia de liberación de Ibón Iparraguirre, un preso de ETA condenado a 300 años y enfermo de sida. Era la tercera vez en poco más de un año que se producía un alarde de este tipo (destruyendo en total 16 autobuses), y siempre con los presos enfermos como justificación; pero la primera vez tras la advertencia de la izquierda abertzale y de la propia ETA, en septiembre de 2014, instando a sus autores a dejar de imitarles.

La aparición de sectores disidentes partidarios de reanudar el terrorismo, y la intervención de los antiguos activistas para ponerle freno, es una experiencia ya vista en Irlanda. La última memoria de la fiscalía constataba que aunque no hay indicios de que ETA piense en volver a matar, “pretende perpetuarse como un agente político que participe en el proceso de liberación”. Cuando ETA afirma que no piensa disolverse sino transformar su función, seguramente alude implícitamente a esa tarea de impedir la aparición de grupos partidarios de volver a la acción. Aspiración pretenciosa que probablemente se invoca para defender la inconveniencia de entregar las armas si no es a cambio de la salida del País Vasco de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La izquierda abertzale también ha repudiado el ataque, si bien en términos que rehúyen cualquier consideración moral. Argumentan que son acciones que están “fuera de su estrategia” actual, que refuerza a quienes “vulneran a diario los derechos de los presos” y se niegan a “cambiar su política penitenciaria”. Es decir, que los destrozos son condenables no por sí mismos sino por su inoportunidad en este momento.

El rechazo de esa lógica delirante que relaciona la salud de un interno con la destrucción de ocho autobuses no impide mantener la alerta policial ante estos intentos de volver a empezar aprovechando la baza de los presos. Y completarla con medidas como el fin de la política de dispersión, que tiene poco sentido tras el cese de la acción armada y que sin grandes riesgos, ya que sería una medida reversible, les arrebate esa bandera y refuerce la alianza en este terreno con el nacionalismo democrático.