Aunque pueda parecer paradójico, el indulto ha sido lo de menos en la gresca montada recientemente a propósito de este asunto. Más que sobre los indultos y la conveniencia, o no, de su utilización en las circunstancias actuales se ha discutido, de forma no precisamente ejemplar, sobre cuestiones ajenas a las propias de esta figura jurídica; que, hay que recordar, está contemplada en nuestra Constitución y en nuestra legislación, al igual que en todos los países de nuestro entorno. Lo lógico habría sido centrar el debate en el uso que puede hacerse de ella y los términos en que ha de ser utilizada para que pueda cumplir, de acuerdo con lo previsto en la ley que lo regula, su finalidad de contribuir a la utilidad pública.

No deja de llamar la atención la radicalidad con la que se ha abordado este tema, muy especialmente por parte de quienes han mostrado una oposición sin matices a los indultos; una medida que, no hay que olvidarlo, ha venido siendo un instrumento utilizado de forma habitual por todos los gobiernos, con independencia de su signo político, sin que hayan provocado trifulcas como las que han ocasionado los concedidos a los condenados del ‘procès’. Daba la impresión, por los términos en los que quienes se oponían han planteado la discusión, que lo que estaba en juego era, más que la concesión de los indultos, la independencia del poder judicial, la supervivencia de la división de poderes, el mantenimiento de la unidad nacional o la misma continuidad del Estado de Derecho.

Lo cierto es que una vez aprobados los indultos se entra en una nueva fase que, a falta de una calificación más precisa, podría ser caracterizada como del ‘posindulto’. Si bien es preciso advertir de que más que un cierre en relación con la fase anterior supone la apertura de un escenario distinto en el que está por ver cuál va a ser el papel de los actores políticos, que siguen siendo los mismos. No parece que en el plano estrictamente jurídico, y más concretamente en el judicial, los recursos planteados para anular los indultos puedan tener mucho recorrido (aunque nunca hay que descartar sorpresas); pero en términos políticos nada está cerrado y las expectativas no dejan de ser inciertas.

A partir de ahora, la acalorada controversia va a dar paso en los próximos meses a otra polémica, en realidad continuación de la anterior, en torno a los temas a discutir en la prevista ‘mesa de diálogo’ que iniciará sus trabajos próximamente. No hay ninguna razón para pensar que van a cambiar mucho las cosas como consecuencia de estos diálogos, en los que los principales actores van a seguir manteniendo, según sus propias manifestaciones, las mismas posiciones que hasta la fecha en la reciente polémica sobre los indultos.

Los términos en los que se están planteando las cuestiones a tratar en la mesa de diálogo, en especial por parte de quienes han sido los beneficiarios de los indultos, son indicativos de las dificultades para poder llegar a acuerdos que sean posibles (los que son imposibles, como la propia palabra y el sentido común indican, no son posibles). Mas bien parece que de lo que se trata es de utilizar la mesa de diálogo en el ‘embate’ (término acuñado por la retórica ‘procesista’) del soberanismo para conseguir los propios objetivos. No hay ninguna posibilidad de que en estas condiciones la mesa de diálogo pueda servir para alcanzar acuerdos en los que se sientan representados el conjunto de los participantes en la mesa y no solo algunos de sus miembros.

Por otra parte, hay que tener también presente que quienes han venido mostrando una oposición radical a las medidas de gracia van a seguir manteniendo esta actitud en la actual fase ‘posindulto’, si bien ahora a propósito de los temas a tratar en la mesa de diálogo. No cabe desconocer que este va a ser un recurso utilizado a fondo para tratar de erosionar al Gobierno y aglutinar a la propia base social, a sabiendas de que es un tema que impacta más que ningún otro en amplios sectores del electorado y, en consecuencia, puede reportar buenos beneficios electorales a quienes sepan utilizarlo. Otra cosa son los efectos políticos, más que dudosos para el buen funcionamiento del sistema institucional, que puedan derivarse de esta forma de hacer oposición.

En definitiva, lo más previsible es que el escenario que se abre en este periodo ‘postindulto’ va a seguir siendo tan incierto como lo ha venido siendo el ‘procès’ a lo largo de toda su deriva. No parece que la retórica soberanista del ‘ho tornarem a fer’ vaya a tener plasmación efectiva en otro referéndum como el del 1-O, ni tampoco que el Estado se vaya a desmembrar como consecuencia de los indultos. Más bien parece que tanto unos como otros ‘ho tornaran a dir’ y seguirán diciendo las mismas cosas que se han dicho a lo largo del ‘procès’ y que probablemente vamos a seguir oyendo a propósito de las sesiones que tengan lugar en la mesa de diálogo.