Joseba arregi-El Correo
El PNV que gobierna se esfuerza por ocultar que la legitimidad del poder ejercido en Euskadi deriva de la legitimidad democrática de la Constitución
En estos momentos en los que parece que quienes gobiernan en Madrid y en Vitoria, sosteniendo con sus votos ambos gobiernos, anuncian eufóricos la culminación definitiva del Estatuto después de criticar duramente el PNV su incumplimiento, llegando a acusar de proponer que no se ejecute una ley orgánica como la Carta de Gernika a quienes se atreven a criticar alguna transferencia o ver peligro para la unidad de caja de la Seguridad Social por la forma de celebrar el nacionalismo el simple anuncio del comienzo de la negociación el próximo año, es necesario hablar de todo tipo de incumplimientos del Estatuto tomando en serio toda su dimensión constitucional, legal y política.
Un buen comienzo es recordar algo que ha repetido insistentemente el PNV: es preciso cumplir el Estatuto de Gernika según las esperanzas depositadas en él por los votantes vascos -entiéndase bien: los nacionalistas vascos-. Porque si algo distingue al Estatuto, y sobre ello no pueden caber dudas, es que implica un doble pacto: dentro de la sociedad vasca entre los nacionalistas vascos y los que no lo son, y hacia fuera entre la sociedad vasca y el resto de España. No es nada atrevido afirmar que en ambos pactos ambas partes tuvieron sus esperanzas, no solo los vascos nacionalistas como nos quiere hacer creer el PNV.
Que el PNV tenía sus esperanzas se ve en la forma extensiva en que está interpretando el Estatuto y su incumplimiento: la transferencia de la autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza no ha sido nunca una competencia que debía transferirse a la comunidad autónoma, pues al cruzar cuatro comunidades autónomas es una autopista de interés general, competencia exclusiva del Gobierno central. Hasta que algún ministro firma un decreto declarándola de no interés general, aunque siga cruzando las mismas cuatro comunidades autónomas. Una lectura extensiva, que va más allá de la textualidad del Estatuto y de la Constitución que ha servido para proclamar el incumplimiento del Estatuto, basándose en medias verdades, cuartos de verdad o simplemente en deseos más que en argumentos legales.
Uno se puede preguntar si los no nacionalistas no tenían sus esperanzas, la de no sentirse raros, no acogidos del todo en la comunidad autónoma estatutaria, la de no sentirse como extraños en su propia sociedad. Uno se puede preguntar si la parte que podemos denominar el resto de España no esperaba que la aprobación del Estatuto vasco pudiera servir para pacificar el territorio vasco. Esperanza pronto dinamitada por la persecución a todo lo que representaba lo español en Euskadi llevada a cabo con más ardor que nunca por ETA tras la aprobación del susodicho Estatuto.
Pero es que además, y mirando a la dimensión constitucional y política del Estatuto, una lógica democrática normal habría exigido que todo Gobierno vasco hubiera sido consciente de que la legitimidad del Estatuto derivaba de la legitimidad democrática de la Constitución española, y que habría actuado en consecuencia. Pero eso no ha sido así. No es que no se quiera celebrar el día del Estatuto -y la excusa del incumplimiento era eso, excusa-, ni siquiera en la forma minimalista que lo hicieron los gobiernos de Ardanza, es que se obvia toda referencia a la Constitución, no se acude a celebrar la fiesta de la Constitución, no se asume que el lehendakari es el representante ordinario del Estado en Euskadi, aunque no actúe como tal; que la Ertzaintza es cuerpo de seguridad del Estado.
El PNV que gobierna hace los mayores esfuerzos por ocultar la realidad de que la legitimidad del poder ejercido en Euskadi por los distintos gobiernos deriva de la legitimidad democrática de la Constitución. Euskadi no es, en términos democráticos constitucionales, una tierra de nadie, un limbo constitucional como quiere hacernos creer el nacionalismo. No ha habido lealtad constitucional, no ha habido sentido de Estado, no se ha procurado -más bien al contrario- que pudiera surgir un sentimiento de reconocimiento de la legitimidad democrática de la Constitución y de la derivada del Estatuto. Se ha hecho todo lo posible por denigrar políticamente todo lo que sucede en territorio constitucional y ensalzar hasta el paroxismo la supremacía de lo que sucede en territorio estatutario en el limbo constitucional.
A uno se le antoja que en términos de democracia y de legitimación del poder por sumisión al Derecho este incumplimiento no es menor que cualquier otro incumplimiento que se pueda aducir. El muro del Ebro que se ha ido construyendo en la mente de los vascos -aquende oasis y paz, allende crispación, corrupción y desorden- no existe, pues los nacionalistas han cargado con la responsabilidad de sostener muchos gobiernos centrales y sus aciertos, pero también sus muchos y graves desaciertos. Como en la moción de censura destructiva. Como ahora.