JOSU DE MIGUEL BÁRCENA / Abogado y Profesor de Derecho Constitucional, EL CORREO 28/11/13
· La premisa que subyace a las reivindicaciones escocesas y de otros procesos similares es: contamos con recursos suficientes y no queremos redistribuir.
Por fin ya puede consultarse el Libro Blanco sobre la independencia de Escocia. El primer ministro, Alex Salmond, acaba de presentar a la opinión pública un documento de más de 600 páginas para ilustrar a los ciudadanos escoceses sobre las bondades de separarse del Reino Unido. Acaba así con un vacío que había ido llenando el Gobierno de Cameron mediante la presentación de sucesivos informes desde la primavera de este año, donde no se daba, precisamente, una visión idílica del proceso secesionista escocés.
El Libro Blanco de Salmond es, después de una rápida ojeada a la versión sumaria publicada, una mezcla de programa electoral y cuento de la lechera. En cuanto a la primera cuestión, el líder nacionalista promete a sus ciudadanos un futuro fantástico: la independencia dará más recursos financieros a Escocia, lo que se traducirá en una mejora de las pensiones, una ampliación de la atención infantil, la supresión de impuestos en todos los niveles, un salario mínimo sujeto al coste de la vida o la nacionalización del servicio postal. Para lograr estos objetivos se recurre por un lado a la explotación y aprovechamiento de los recursos de gas y petróleo que tiene Escocia y por otro a un diseño jurídico-político que revela no pocas contradicciones.
Este diseño se basa en tres premisas. La primera es el mantenimiento de la monarquía constitucional, mediante la integración de Escocia en la Common-wealth. Ello significa que el jefe del Estado escocés sería siempre el monarca del Reino Unido, si es que éste sigue teniendo sentido tras la secesión. De esta manera, Salmond se asegura ganar la batalla simbólica de algunos indecisos, pues ello permite mantener los lazos emocionales y culturales que no pocos escoceses tienen con la metrópoli. Evidentemente, el monarca realizaría, al igual que en otros países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, unas funciones figurativas mediante el gobernador general que le representa allí donde ejerce la jefatura del Estado. La segunda y la tercera premisa tienen que ver con la seguridad económica: según el Libro Blanco, Escocia se mantendrá en la Unión Europea (UE) y conservará la libra esterlina como moneda.
Sobre esta última cuestión, hay que señalar varias cosas. La primera, que en mayo de este año, el Tesoro británico publicó un informe donde señalaba que no veía nada claro que el Banco de Inglaterra y sus órganos institucionales pudieran seguir siendo el prestador de último recurso de un país ‘extranjero’. La razón de la duda es que la experiencia europea enseña que el mantenimiento de zonas monetarias comunes sin la fusión del gobierno económico y fiscal promueve crisis financieras e inestabilidad presupuestaria. Por lo demás, no acertaba a entender que un país soberano pretenda estar sometido a decisiones monetarias sobre las que no tendría influencia. Salmond ya ha advertido que si el Reino Unido niega la libra a Escocia, se replantearía el pago de compensaciones, porque es consciente de que fuera de la libra y del euro el nivel de deuda pública crecería de forma exponencial. Pero lo curioso del empecinamiento en mantener la libra es lo que ello supone para las credenciales escocesas para seguir formando parte de la UE.
Cuando Salmond propone que Escocia permanezca en la libra está reconociendo que el eurosistema es un fracaso. Es decir, el vínculo con la UE tiene como objetivo disfrutar del mercado y sus ventajas, no del sacrificio del gobierno económico comunitario. Por lo demás, en el Libro Blanco se repiten las cantinelas habituales sobre la fórmula jurídica por la que Escocia podría seguir siendo parte del club europeo, apelando al principio democrático a pesar de que Bruselas sigue advirtiendo que un nuevo país es un tercer Estado y debería seguir el proceso de adhesión previsto para estos casos. En este sentido, en el verano pasado, el Gobierno británico ya publicó un informe firmado por los prestigiosos profesores James Crawford y Alan Boyle, en el que señalaban que si bien Escocia tendría continuidad en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con respecto a la UE la independencia supondría la pérdida de vigencia de los Tratados en el territorio separado y la necesidad de que el nuevo Estado firme el correspondiente acuerdo con la aquiescencia de los 28 Estados miembros que forman la Unión.
Estamos, por lo tanto, frente al mejor de los mundos. La teoría del Estado posmoderno sirve para canalizar soberanías a la carta, escogiendo lo que más interesa de cada sistema constitucional. Por supuesto, pocos dan cuenta de la premisa que subyace a las reivindicaciones escocesas y de otros procesos similares: contamos con recursos suficientes y no queremos redistribuir. Esto importa poco, en un mundo globalizado que impone el sálvese quien pueda. Pero lo que más llama la atención es la unilateralidad con la que se interpreta el famoso derecho a decidir: algo tendrán que decir la UE y sus Estados miembros, la OTAN y sobre todo el Reino Unido, sobre la fórmula de las relaciones que quieran seguir manteniendo con Escocia. Por ello, en el referéndum de septiembre los ciudadanos escoceses no sabrán lo que van a votar. No hay seguridad de que, al menos en lo relativo a las premisas jurídicas, ninguna de las predicciones de Salmond se vaya a cumplir. Lo lógico sería decidir sobre un acuerdo global que defina institucionalmente el día después de Escocia, no sobre un programa electoral o cuentos de la lechera.
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA / Abogado y Profesor de Derecho Constitucional, EL CORREO 28/11/13