Nunca en los 45 años de la Constitución han vivido los españoles un aniversario de la Carta Magna bajo una amenaza tan explícita como la que se cierne hoy sobre ella. Una amenaza tanto interna, en el escenario político español y desde el propio Congreso de los Diputados, como externa, en esas reuniones en Ginebra entre Gobierno y Junts en las que está sobre la mesa un futuro referéndum de independencia.

La Constitución cumplirá hoy 45 años (a sólo dos de batir el récord de la Constitución más longeva de la historia de España, que fue la de la Restauración Borbónica de 1876) amenazada no de muerte, pero sí de «mutación constitucional». Una mutación que desvirtuaría su espíritu fundacional y conduciría a los españoles a terra ignota política.

Ese espíritu fundacional, el que ha convertido la Constitución del 78 en la más exitosa de la historia de España, fue el del consenso. Un consenso que hoy se ve amenazado por una mayoría parlamentaria en la que sólo uno de los partidos que la componen, el PSOE, no apoya la ruptura constitucional. Es decir, la quiebra de la soberanía nacional para la imposición de una república federal o confederal.

Porque ese es el objetivo declarado de partidos como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu o BNG. Partidos que no se limitan ya a expresar sus discrepancias ideológicas, sino que no pierden oportunidad (y hoy viviremos una más) de ofender e incluso amenazar de forma explícita a la Corona, al Poder Judicial o al propio Estado de derecho, al que consideran el producto de un pacto vergonzante, el del 78, que nunca debería haberse producido.

Nunca han estado tan cerca esos partidos minoritarios, cuya legitimidad nace precisamente de la Constitución que quieren derribar, de conseguir sus objetivos políticos. Incluido el de un imaginario derecho a la autodeterminación. Son esos, los hijos de la Constitución que disfrutan gracias al sistema electoral español de una inmerecida sobrerrepresentación, los que quieren acabar hoy con ella.

El referéndum de autodeterminación no es la fantasía tremendista de una presunta ultraderecha. Baste un ejemplo para demostrarlo. Hoy participarán en el aniversario de la Constitución dos de los padres del texto. Ellos podrían explicar cómo rechazaron de forma explícita la posibilidad de la amnistía. Algo que, sin embargo, no ha impedido al Gobierno presentar una Ley de Amnistía probablemente inconstitucional.

¿Quién dice, entonces, que el referéndum de independencia no será aceptado por este mismo Gobierno utilizando algún retorcido argumento seudojurídico?

La Constitución es, efectivamente, un texto perfeccionable. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero pidió un informe al Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución, este le recomendó cerrar el mapa autonómico, no ampliarlo. A Zapatero no le gustó el dictamen y lo enterró en un cajón.

Una reforma constitucional por la vía de los hechos consumados, decidida por sólo la mitad de los españoles y en contra de la otra mitad abocaría a España a una peligrosa crisis civil. La historia de España debería habernos vacunado ya contra esos partidos-aprendiz de brujo que prometen nuevos edenes constitucionales a partir del derribo de lo precedente.

El peligro hoy es que se lleve a cabo una mutación constitucional (esquivando la dificultosa reforma constitucional, que necesitaría del apoyo como mínimo del PP) por la vía de leyes apoyadas por una escueta mayoría parlamentaria y con el apoyo de un Tribunal Constitucional que es reflejo de esa mayoría. Mutación que violaría el espíritu de la Constitución y que la convertiría en papel mojado. Ese es el futuro que los españoles debemos evitar hoy a toda costa.