La semana pasada, la junta general de accionistas de Ferrovial acordó el traslado de su sede social a Países Bajos. El Gobierno mostró en todo momento su rechazo a esta decisión empresarial por diversas razones, pero sobre todo porque la constructora había alegado -aunque luego matizara sus declaraciones iniciales- como una de las razones justificativas del traslado la supuesta «falta de seguridad jurídica» que sufre España. La reacción del Gobierno resultó tan comprensible como obligada. Aunque no se trate de un Ejecutivo especialmente preocupado por la defensa del Estado y de su prestigio y dignidad institucional, que Ferrovial pusiera en cuestión la vigencia de la «seguridad jurídica» en nuestro país era tanto como que se dudara de la condición de España como un verdadero Estado de Derecho.

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza «la seguridad jurídica» y lo hace junto a otros principios esenciales del Estado de Derecho (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas), pero realmente se trata de un principio omnicomprensivo de todos los demás que se identifica con el Estado de Derecho mismo. Sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho; el objetivo de este es producir seguridad jurídica y, de esta forma, garantizar la igual libertad de todos los ciudadanos. La seguridad jurídica puede definirse como la certeza del Derecho aplicable, esto es, que los ciudadanos podemos conocer las normas que se nos van a aplicar y actuar en consecuencia. Sin esa seguridad no habría libertad posible.

La seguridad jurídica resulta también imprescindible para el correcto funcionamiento de una economía social de mercado. Los sujetos que en ella intervienen no pueden adoptar decisiones empresariales y asumir los riesgos que ellas implican sin la existencia de un marco normativo claro y preciso en el que actuar.

Desde esta óptica, es preciso reconocer -y así lo hacemos quienes nos dedicamos a la enseñanza del Derecho desde el primer día de clase- que uno de los principales problemas no solo de España, sino de la mayor parte de las democracias de nuestro entorno, es la profunda crisis que atraviesa la idea misma de Derecho y su capacidad de producir certeza y estabilidad. El Derecho difícilmente proporciona ya la seguridad jurídica que cabe esperar de él. Se trata de un problema bastante generalizado y que obedece a muchas causas. Pero en España el fenómeno ha adquirido unas proporciones muy preocupantes. Padecemos una auténtica hiperinflación normativa y una legislación motorizada y de urgencia que están erosionando muy gravemente la seguridad jurídica. Desde esta óptica, las críticas de Ferrovial están justificadas y el Gobierno y las Cortes Generales deberían proponerse como objetivo fundamental de su actuación corregir este gravísimo problema.

La hiperinflación normativa se traduce en la aprobación de decenas de miles de normas, muchas de ellas contradictorias (de nivel europeo, nacional y autonómico, en una yuxtaposición muchas veces caótica), y con las que resulta imposible aclararse. Un reciente informe de la CEOE advierte de que en 2022 los boletines oficiales de las comunidades autónomas han producido 250.000 páginas de normativa aplicable a las empresas. Ello supone 700 páginas diarias de lectura para un empresario que quiera estar al día y operar en todas las autonomías. A nivel nacional, en 2022 el BOE publicó 254.757 páginas, y más de la mitad de ellas recogían disposiciones estatales.

La legislación motorizada -sin la suficiente reflexión y estudio de los proyectos normativos- se refleja en el abuso sistemático del recurso por el Gobierno a legislar mediante decretos-leyes y a aprobar otras muchas normas con contradicciones, carencias y defectos gravísimos de la que la del ‘solo sí es sí’ es un significativo ejemplo. Sufrimos además un populismo legislativo en el que se aprueban muchas veces leyes que no van a tener ningún efecto real y solo sirven como propaganda política de quienes las impulsan.

En este contexto, las proclamas gubernamentales de que en España hay mucha seguridad jurídica no resisten su contraste con la realidad. Y lo más grave es que al negar la existencia del problema se rechaza de raíz la posibilidad de hacerle frente. Por su gravedad, el asunto solo podría ser encauzado mediante un gran pacto entre los principales partidos políticos y administraciones públicas. El acuerdo debería incluir en primer lugar la garantía de la unidad de mercado, esto es, que el marco jurídico básico en el que operan las empresas no varíe de una comunidad autónoma a otra. Esto requeriría la eliminación/derogación de miles de normas autonómicas. Y, en segundo lugar, reemplazar el actual modo de legislar, en el que se prescinde sistemáticamente de las opiniones de expertos y de los propios letrados de las cámaras, y lo único que se busca es publicidad electoral, por otro basado en la reflexión, el estudio y la sosegada deliberación.