Si el Poder Judicial, en una democracia avanzada como la nuestra, debe garantizar el cumplimiento del orden constitucional pero los políticos se declaran en rebeldía a la hora de cumplir sus sentencias, estamos en riesgo de perder la democracia plena a la que aludía el Rey Felipe VI en su discurso ante los jueces en Barcelona. El fallo del Tribunal Supremo no pudo ser más claro al obligar a la Generalitat a recuperar el 25% de la enseñanza en castellano; una de las dos lenguas cooficiales de Cataluña que los dirigentes nacionalistas desprecian. Pero el gobierno de la Moncloa no piensa mover un dedo.

Lo preocupante no es solo que los gobernantes catalanes digan que no piensan cumplir la sentencia y que se dediquen a preguntar a los niños, mediante encuestas ocultadas a los padres, qué profesores hablan castellano en los centros escolares, emulando el más puro estilo de delación y control de los agentes de la Stasi. Lo preocupante es que el gobierno de la Moncloa se inhiba a la hora de defender el castellano en Cataluña. Ayer la ministra de Educación, Pilar Alegría, eludió todo tipo de responsabilidades en el Congreso. Las sentencias deben cumplirse, reconoció, pero a ella que la registren. El Gobierno se cuidará de molestar a sus socios independentistas, por mucho que protesten desde la bancada del PP y Ciudadanos. Tan dispuestos están a que nada turbe el intercambio de cromos con los insaciables que la ministra de Educación, amarrada al negacionismo de la existencia de un problema lingüístico en Cataluña, arremetió contra Inés Arrimadas diciendo que desconocía la realidad catalana. A la líder de Ciudadanos, la política más votada en Cataluña en las elecciones autonómicas de 2017, le pudo acusar de cualquier cosa menos de no conocer lo que ocurre en Cataluña.

Pero todo vale para justificar actitudes que tienen difícil explicación. Las amenazas de Rufián sugiriendo que ERC podría tumbar los Presupuestos en el Senado si finalmente no pueden obligar a las plataformas audiovisuales a ofrecer una cuota del 6% en las lenguas cooficiales tuvieron ayer en vilo a los socialistas. Pero es lo que tiene pretender imponer normas que trascienden de su ámbito de competencia. Los de ERC se sienten engañados aunque en la Moncloa se muestran confiados en que seguirán de la mano de los republicanos catalanes en unos Presupuestos que, cada vez que se pronuncia un organismo oficial, quedan más desfasados en contenido y forma. Las cifras del Gobierno se van quedando ancladas en el pasado de la Arcadia feliz de Sánchez. La OCDE ha vuelto a recortar dos puntos su previsión de crecimiento para España. La recuperación prometida se aleja en el horizonte. El Gobierno ha vuelto a quedar en evidencia.