EL PAÍS 08/08/14
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER
· El objetivo de las balanzas fiscales o sistema de cuentas públicas territorializadas es buscar si existe inequidad a la hora de acceder a los servicios públicos fundamentales dependiendo del lugar de residencia de los ciudadanos”. No son palabras de éste que escribe, ni tan siquiera de Ángel de la Fuente, uno de los padres de las mismas, sino que son palabras del propio ministro Cristóbal Montoro. Palabras con las que no puedo estar más de acuerdo.
Lo importante de las denominadas comúnmente balanzas fiscales no es el resultado final, porque gran parte del mismo tiene una explicación racional. Por poner un ejemplo, si una comunidad autónoma tiene un elevado índice de paro es lógico que en dicha comunidad el gasto por prestaciones por desempleo sea más elevado y nadie puede criticar dicha circunstancia porque no atenta contra la equidad del sistema; un andaluz en situación de desempleo será tratado exactamente igual que un catalán o un asturiano.
El problema, calificado por el propio experto del Ministerio como “manejable” por su volumen, es que no todos los saldos finales tienen una explicación racional. Dentro de una estructura de Estado, es lógico que los territorios más ricos sean aportadores netos al resto del Estado y que los menos ricos sean receptores netos, ya que lo lógico es que el Estado cumpla una cierta labor niveladora, que intente reducir las diferencias entre unos y otros. Sin embargo, al analizar los resultados de las balanzas fiscales surge un primer dato que atenta contra la lógica expuesta: la Comunidad Valenciana, siendo la comunidad número doce en orden de renta per cápita, con una renta del 87,6% de la media nacional, es aportadora neta al Estado. Es decir, nos encontramos con una autonomía con una renta per cápita por debajo de la media que sin embargo está aportando dinero a comunidades no sólo más ricas que ella (como Castilla León, Cantabria o Asturias) sino que además a otras comunidades que tienen una riqueza por encima de la media nacional (como Aragón, País Vasco, Navarra o La Rioja).
Entiendo que esta es una de las inequidades a las que se refería el Ministro. Creo que estaremos todos de acuerdo en que un sistema donde son los más pobres los que dan dinero a los más ricos no es equitativo, pero no es ésta la única inequidad. Como acabo de comentar hay determinados gastos que están garantizados igual en todo el territorio nacional y que por tanto no puede hablarse de discriminación de unos territorios a otros; sin embargo, el estudio señala que esto no es predicable de una partida de gastos, los denominados gastos territorializables, donde las diferencias entre regiones no tienen una explicación racional. De hecho, los autores del estudio llegan a calificarlos dentro del informe como “componentes potencialmente problemáticos” al considerar que pueden ser un indicador muy fuerte de inequidades.
Cuando vemos los saldos de estos gastos entre comunidades autónomas se observa que la Comunidad Valenciana vuelve a ser la gran perjudicada del reparto territorial y no por poco. En gasto per cápita el saldo negativo se sitúa en -754 euros por habitante; le sigue la Región de Murcia con -584 euros y la siguiente comunidad ya se sitúa a más de 400 euros per cápita. Los autores del estudio cuantifican este saldo negativo en la región valenciana en un sólo año en más de 3.700 millones de euros. Como se puede ver, las cifras hablan por sí solas y dan una idea clara del porqué de la situación actual de déficit y deuda de la Comunidad Valenciana y reflejan, con el calificativo que ha querido utilizar el ministro, una clara inequidad en el caso de nuestra región.
Por último, no quiero dejar de mencionar el modelo de financiación. El Ministro dice que hay que desvincular las balanzas fiscales y financiación regional porque la incidencia de la financiación en los saldos es relativamente reducida. Lo cual es cierto, pero como todo en la vida tiene excepciones. Excepciones que una vez más se sitúan en nuestra comunidad, junto con alguna otra. Sólo dar un dato: de los -754 euros por habitante que resulta del saldo negativo en los gastos territorializables (concepto en el que están incluidas las transferencias del sistema de financiación de las CCAA), hasta 411 euros per cápita (2.107 millones en términos absolutos), más de la mitad de los mismos, tienen su origen en el sistema de financiación, cifras que da una idea del maltrato que tiene esta comunidad con el sistema actual.
En definitiva, tenemos la oportunidad sobre la mesa, una oportunidad histórica, para abordar cuestiones de importancia para todos los ciudadanos que garantice la igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales sin discriminación por lugar de residencia. Y se debe hacer desde la responsabilidad, personal y política, de que la solución que se adopte tenga permanencia en el tiempo evitando enfrentamientos y tensiones periódicas entre regiones y confrontación entre gobiernos.
Para ello, sería oportuno crear un comité de expertos, como se ha hecho con la reforma fiscal y la de las pensiones, que aborde desde un punto de vista técnico el reparto de fondos para un nuevo sistema de financiación autonómico sostenible en el tiempo y que evite los desequilibrios de ciclos económicos y las asimetrías. Mientras dicha revisión no se realice, con un escenario económico de crecimiento por encima de lo esperado, el consecuente aumento de los ingresos que se está produciendo este mismo ejercicio, (donde la Comunidad Valenciana se sitúa, según los últimos datos conocidos, en el doble de la media de recaudación) y con los datos de las balanzas fiscales en la mano, debemos corregir temporalmente las inequidades del actual modelo de financiación con mecanismos que equilibren la situación actual.
Así, mientras se diseña un nuevo modelo de financiación cuyas características fundamentales deberían ser la equidad, la sencillez, la transparencia y, sobre todo, la convergencia y la permanencia, las comunidades podremos continuar prestando en igualdad de condiciones los servicios básicos de educación, sanidad y bienestar social. Podremos de este modo andar las autonomías con firmeza y determinación en la línea de la consolidación fiscal y el equilibrio presupuestario, sin quitar a unas comunidades autónomas para dar a otras, mientras se mantiene un debate sosegado, con espíritu constructivo y con visos de durabilidad. Pero para ello necesitamos altura de miras, responsabilidad y valentía política de todas las partes, renunciando a intereses particulares y velando por el interés común, que no es otro que el de nuestros ciudadanos.