KATY GUTIÉRREZ MUÑOZ-EL CORREO
- En el fondo de la ley Celaá no está la defensa de la escuela pública
En marzo, el relator de la ONU De Varennes defendía la escolarización de las minorías en su lengua materna junto con el idioma oficial. Su informe señala que «resulta más rentable a largo plazo», «reduce las tasas de deserción», «conduce a resultados académicos notablemente mejores y a una mayor participación familiar y comunitaria». Especialista en derechos de las minorías, advierte: «Se podrían conculcar obligaciones de derechos humanos, como el derecho a la educación». Bien valdría la pena que ese experto viniera a interesarse por el respeto a los derechos de los niños de Cataluña y Euskadi que tienen la mala suerte de que su lengua materna o la lengua propia real sea el «idioma oficial».
Hablando de derechos, la ministra Celaá (antigua consejera vasca de Educación) nos «tranquiliza». Su nueva ley será la «más garantista sobre las lenguas». Lástima que sus (malas) compañías no tengan buena reputación sobre el respeto a los hablantes. Desde luego, como dice Félix Ovejero, no a los ciudadanos convertidos en «rehenes de las lenguas». Este y más autores (Miriam Tey y otros, ‘Ofensiva global contra la lengua común’) denuncian la subsiguiente propuesta parlamentaria del independentismo para eliminar el español como lengua oficial del Estado. Unidas Podemos la secunda con entusiasmo. ¡Siempre nos quedará el PSOE de Sánchez como garantía!
Pero la realidad es tozuda. La ley Celaá contribuirá a blindar las políticas de inmersión, formidable obstáculo para el aprendizaje de muchos niños y jóvenes (especialmente de clases menos favorecidas y de origen inmigrante). Hoy en la escuela pública y en la concertada todos estudian en euskera. Muchos no entienden lo que estudian. Se limitan a memorizar para aprobar. La gran mayoría obtendrá el título de ESO. La nueva ley les facilitará aún más el pase. Según el Gobierno vasco, con el título obtendrán el nivel B2 en ambos idiomas y un B1 en inglés. ¡Para reír!
El euskera de muchos es pésimo y su castellano, horroroso. A este, lengua oficial del Estado, materna y de uso social para la mayoría, le dedican cuatro horas semanales. ¡Total, se aprende en la calle! Andrés Amorós responde a la pregunta «¿Siente que corre peligro el español en Cataluña?»: «Absolutamente. En el mundo no, pero en Cataluña sí. Una lengua no se aprende con la televisión (…) hay que estudiarla bien». Tampoco su inglés les capacitará para ser parte activa de la ciudadanía europea. Pero, ¡tranquilos! Las élites ya se encargan de que sus hijos adquieran un plurilingüismo de calidad.
¿Dónde están las evaluaciones oficiales sobre competencias lingüísticas y aprendizaje general del final de las etapas educativas? ¿Sigue el Departamento de Educación eligiendo el tipo de alumnado que presenta a las pruebas de PISA, no evitando con ello unos mediocres resultados? El fracaso y la segregación no resultan muy progresistas.
¿Y luego, qué? Hay estudiantes brillantes de cualquier medio social que llevan bien la inmersión. Otros, con ayuda familiar o pagándola, si cuentan con medios. El bilingüe con preparación para estudios superiores es un éxito. Esos padres se alegrarán además de ver que no serán discriminados en el acceso a la función pública, como lo ha sufrido buena parte de varias generaciones de vascos. Pero otros muchos, los que fracasan de forma solapada en la inmersión, a duras penas podrán seguir con el Bachillerato ni soñar con ir a la Universidad. La Formación Profesional no será una opción, será un destino, en el mejor de los casos. ¡Vaya una igualdad de oportunidades! Aunque, ¡cuidado! Una FP innovadora también requiere una buena formación de base para adaptarse a cambios tecnológicos continuos. En el contexto europeo tampoco habrá mucho futuro para estos jóvenes ni para el tipo de países cuya educación no busque la excelencia para todos y avive el mérito y la capacidad. La ley Celaá, a simple vista un improvisado escenario de charcos, tiene un fondo muy pensado. Y no parece ser el de la defensa de la escuela pública y su calidad.
Último, pero no menor: ¿benefician al euskera las políticas discriminatorias sobre buena parte de la población impuestas por la amalgama de nacionalismo etnocultural (sin olvidar a ETA)? Quienes amamos nuestras dos lenguas tenemos que unirnos por los derechos de las personas, la convivencia armoniosa de las dos, el apoyo consensuado al euskera, una educación de excelencia para todos. Se prepara el nuevo Estatuto (el PNV se jacta ya de haber conseguido que Celaá cambie en el currículum la denominación de ‘lengua cooficial’ por ‘lengua propia’). ¡Nos jugamos la ciudadanía plena!
Como nos recuerda Alain Finkielkraut (‘La derrota del pensamiento’), «La alternativa de nuestro tiempo es sencilla: o los hombres tienen derechos o tienen librea (…). Los partidarios de la sociedad pluricultural reivindican para todos el derecho a la librea (…). El gran historiador Ernst Bloch ya reivindicó soberbiamente ‘el derecho a quitarse la librea’».