Numerosos intelectuales y miembros de asociaciones de víctimas han firmado un manifiesto en el que reclaman un fin de ETA «sin impunidad, con ley y con justicia» y en el que exigen que se dé una «respuesta clara e inequívoca» a una entrega de armas que consideran «mediática y propagandística», con una evidente «connotación de autoblanqueo».
El manifiesto, que recoge un documento firmado en 2010 por las asociaciones de víctimas, ha sido promovido por destacadas personalidades como Fernando Savater, Joseba Arregi, Maite Pagazaurtundúa, Consuelo Ordóñez o Teo Uriarte, y está firmado por escritores como Fernando Aramburu –quien se prodiga poco en este tipo de manifestaciones–, Javier Uribe, Jorge Martínez Reverte, Andrés Trapiello o Félix de Azúa. Carmen Iglesias, Ana Iribar, Conchita Martín, José Ibarrola y Santiago González son otros de los nombres que aparecen bajo el texto.
Según lo anunciado por los autodenominados «artesanos de la paz», este sábado se producirá la entrega de la geolocalización de los zulos de ETA en lo que por ahora constituye el secreto mejor guardado porque no se sabe ni cuándo, ni dónde, ni a qué organismo francés le serán facilitadas las coordenadas; ni si habrá impunidad para los involucrados. Después, la izquierda abertzale ha organizado unas jornadas por la paz en Bayona que serán clausuradas con un acto público multitudinario.
Los firmantes no especifican quién tiene la obligación de dar una respuesta clara a toda esa estrategia y a los fines que persigue, pero ofrecen suficientes pistas porque sostienen que «el fin de ETA ha de ser manejado desde los principios que inspiran el Estado de Derecho».
El manifiesto sostiene que «está en juego la fijación o no de los principios de la Verdad, la Memoria, la Justicia y la Dignidad», no sólo de las víctimas de ETA, sino también «del conjunto de la sociedad en cuanto a que toda ella se ha visto afectada por el fanatismo identitario de ETA». «En un Estado de Derecho», recuerdan, «el derecho a la justicia real no es negociable ni relativo».
El texto se ratifica en que no cabe el proyecto político de ETA porque las víctimas fueron asesinadas, extorsionadas, heridas o vejadas con el objetivo de instaurarlo. Insiste en que no pueden tolerarse diferentes grados de impunidad y que pedir generosidad a las víctimas es «un chantaje moral, que es un tipo de microviolencia tremendamente dañino».
Los firmantes piden que no haya una falsificación de lo ocurrido y consideran que una de las condiciones para evitarlo es exigir a la banda y a su trama política «la condena de la historia de terror de ETA para garantizar que no nos encontramos ante una de sus jugadas tácticas».
Exigen que la política penitenciaria no se convierta en una política de gracia y recuerdan que «un final de ETA que se sostenga sobre la dignidad de sus víctimas es una deuda contraída por el Estado de Derecho que el Gobierno debe defender».
«Cuando se ha aplicado el Estado de Derecho sin trampas ni atajos es cuando se ha conseguido el mayor debilitamiento de ETA, culpable de la mayor conculcación de derechos humanos habida en la historia reciente de España», suscriben.