Interior «no aparcará» el voto de los exiliados

EL MUNDO 02/07/13

La iniciativa sobre el voto de los exiliados por ETA no será un nuevo bluf electoral. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que, a pesar del retraso en su aprobación, el Gobierno central «no aparcará» la proposición parlamentaria para que aquellos que abandonaron su tierra por la presión terrorista voten en Euskadi y Navarra. El representante del Gobierno achacó este letargo a la hora de sacar adelante una iniciativa anunciada a bombo y platillo en los prolegómenos de las elecciones vascas a la dificultad de labrar consensos con el resto de fuerzas políticas que recibieron con recelo la medida.
Fernández Díaz, que abrió el seminario sobre el relato de las víctimas del terrorismo ante el final de ETA en los cursos de verano de la Universidad Complutense, recordó que el Ejecutivo, a pesar de no necesitarlo dada su amplia mayoría en la Cámara, prefiere pactar esta propuesta con el resto de grupos al tratarse de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que «requiere del máximo nivel de consenso». «No está aparcada para nada y simplemente estamos consiguiendo el tiempo necesario para sacarla adelante con otros grupos», manifestó el titular de Interior, que subrayó que la iniciativa propuesta por el ex líder del PP vasco Antonio Basagoiti es «plenamente constitucional» tal y como dictaminaron los especialistas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

La AVT confía en el PP
La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, restó trascendencia al retraso en la puesta en marcha de la reforma electoral y mostró su firme convencimiento en que el PP la sacará adelante «con el apoyo del resto de grupos o sin él». La responsable de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, también indicó que al no haber elecciones importantes a la vuelta de la esquina es preferible tratar de consensuar la iniciativa con el resto de formaciones.
Tanto Pedraza como Blanco aplaudieron el anuncio de Fernández Díaz sobre la creación de un protocolo de actuación entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Justicia para que las víctimas de ETA puedan conocer la situación procesal de sus verdugos.