EL MUNDO – 24/08/14
· Diseña un plan para prevenir el auge del terrorismo islámico y combatir la radicalización de los jóvenes musulmanes españoles.
El Gobierno está dando los últimos toques a una estrategia para luchar contra el islamismo radical en España en la que pretende contar con la ayuda de los imames moderados que dirigen el rezo de la comunidad musulmana en nuestro país. No sólo de forma genérica, para abordar los aspectos sociopolíticos del fenómeno, sino también de forma concreta, con su colaboración estrecha con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Esta pretensión viene contenida en el llamado Plan Estratégico Nacional de la Lucha contra la Radicalización, que tiene como objetivo combatir la violencia de forma genérica, pero que contiene medidas específicamente destinadas para luchar contra el yihadismo.
El plan tiene, según las fuentes consultadas, «tres ámbitos de actuación: el interno, el externo y el ciberespacio». Y determina tres áreas funcionales, la de «prevención (antes), vigilancia y actuación (después) de todo proceso de radicalización», que serán coordinadas por la secretaría de Estado de Interior y por el CNCA, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.
La preocupación por el incremento exponencial del radicalismo islámico en los últimos años en Europa –de donde, según datos de la Secretaría de Estado de Interior, han partido más de 3.000 de los activistas que primero combatieron en Siria y se integraron en organizaciones en la órbita de Al Qaeda y después se han ido desviando hacia las filas del Estado Islámico (IS)– hace muchos años que animó a algunos países a crear programas de prevención y de desradicalización. Los expertos destacan a Gran Bretaña y a Holanda como dos ejemplos prototípicos cuyos gobiernos trasladaron o adaptaron a sus territorios los protocolos que previamente aplicaron, con mayor o menor fortuna como es evidente, países como Arabia Saudí, Indonesia, Egipto o Jordania.
En España, el planteamiento integral del problema en esos términos, a diferencia de las labores policiales o de inteligencia, no está desarrollado y el Ejecutivo intentará paliar esta circunstancia con el plan cuyos borradores están siendo acabados para ser presentado en breve. Y cuyo alcance se desconoce todavía.
No es la primera vez que se plantea la colaboración de los imames moderados para hacer frente a un problema que lleva tiempo alertando a los expertos policiales. Públicamente, algunos de ellos llegaron a sugerir medidas al Ministerio del Interior para atajar el proselitismo de algunos de los predicadores que habían sido expulsados de Arabia Saudí o de Marruecos por su radicalismo pero no encontraban obstáculo alguno para ejercer en España.
«Es responsabilidad de Interior. Cualquier imán extremista que llene a sus seguidores de odio contra un pueblo, contra la paz o la convivencia, hay que echarlo fuera», aseguraba a este periódico hace cuatro años Moneir el Messery, responsable de la mezquita de Leganés. Sus propuestas pasaban, por supuesto, por enviar mensajes recordando la naturaleza pacífica del islam, pero también estaba la de proporcionar al Ministerio del Interior información para que éste, en colaboración con las embajadas, impidiese la concesión de visados a los predicadores radicales. Algunos de estos imames moderados –aunque no todos– tampoco descartaban el cierre de aquellas mezquitas (o centros afines) que haciéndose pasar por centros de culto hubieran degenerado hacía el proselitismo radical. Ahí quedó la historia entonces y pronto se sabrá si el plan incluye, al margen de los mensajes, alguna de estas ideas.
El pasado viernes, tras la difusión del asesinato del periodista James Foley, el presidente de la Unión de las Comunidades Islámicas en España, Riay Tatari, dió cuenta de lo delicado de todo este asunto cuando, al ser preguntado por su predisposición a ayudar a las Fuerzas de Seguridad, optó por la cautela, eludió ir más allá y aseguró que los fieles ya se encargan de rechazar a los predicadores que difunden un mensaje de odio.
La enorme dimensión del problema generado por el Estado Islámico (IS) sobrepasa la capacidad de cualquier gobierno. Por el nivel de fanatismo, porque responde a unos parámetros que escapan a la mentalidad occidental, porque ha planteado una guerra abierta, porque está sobrada y secretamente armado y financiado y porque, aunque sus ideas son medievales, su empleo de las nuevas tecnologías es enormemente eficaz.
Pero cualquier gobierno tiene la obligación de intentar impedir que sus nacionales o residentes engrosen esa amenaza convirtiéndose en los llamados lobos solitarios o en terroristas de ida y vuelta.
Los expertos policiales y los servicios de inteligencia llevan años reclamando, entre otras cosas, modificaciones legales efectivas. Según fuentes de Interior, para complementar el plan se están estudiando varias reformas legislativas, algunas ya iniciadas: la modificación del Código Penal con el fin de perseguir el llamado «adiestramiento pasivo», es decir, que sea considerado delito el autoadiestramiento, la entrada reiterada en webs desde las que se imparten doctrinas radicales; la introducción en la Ley de Seguridad Ciudadana de medidas que permitan el control de locutorios para perseguir distintas redes criminales, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar la actuación de los investigadores en el ciberespacio –regulando la figura de los agentes encubiertos en internet y garantizando la legalidad en la obtención de los medios de prueba–. El reto es tan enorme que requerirá que el plan sea efectivamente ambicioso e integral.
EL MUNDO – 24/08/14