ABC 02/04/13
· Denuncia también a Patxi Zabaleta por llamar «presos de conciencia» a los de ETA.
El Gobierno ha puesto en marcha el contador para la ilegalización de los herederos de Batasuna, que no cesan en su pretensión perversa de legitimar a ETA y, con ello, humillar la memoria de sus víctimas. Por lo pronto, el Ministerio del Interior remitió ayer a la Fiscalía las declaraciones vertidas por el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, en el transcurso del homenaje tributado este domingo al exjefe etarra Francisco Javier López Peña, «Thierry», por si pudieran ser constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Tampoco se libra de la denuncia el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, que elogió como «presos de conciencia» a los etarras que cumplen condena por sus crímenes.
La «izquierda abertzale» no ha dejado en ningún momento de traspasar las líneas rojas, pero, según coinciden los analistas, también es cierto que sus desafíos se han disparado tras la celebración, el pasado mes de febrero, del congreso fundacional de Sortu. Sus dirigentes consideran que han superado todos los escollos para ser un partido legal y creen haberse adentrado ya en el terreno de la impunidad. Según su manual, las muertes que provoca ETA son «políticas», pero el fallecimiento del terrorista «Thierry» en el lecho de un hospital, por derrame cerebral, es un «asesinato» sin matices.
Traspasar las líneas rojas
Pernando Barrena, Joseba Permach, Rufino Etxeberría… han olvidado que hace apenas unos meses escenificaron una supuesta autocrítica por la poca sensibilidad que en el pasado pudo haber tenido Batasuna hacia las víctimas. Reactivado Sortu, vuelven a enaltecer a los verdugos. Lo dejó muy claro Barrena en el «Aberri Eguna» (Día de la Patria) celebrado en Pamplona con el apoyo de EA, Aralar y Alternatiba, donde proclamó a los cuatro vientos que el fallecimiento de López Peña ha sido «consecuencia de la actitud de los Estados español y francés, que niegan cualquier tipo de solución al conflicto político vasco».
En su opinión, Francia y España «están en la posición de dilatar sine die la agenda de soluciones para este país». Y ya en perfecta sintonía con ETA, Barrena dijo que la muerte de «Thierry» es una de las «consecuencias negativas» que auguraba la banda la pasada semana, por la negativa del Ejecutivo de Rajoy a negociar en Oslo.
El Ministerio del Interior, además, recopila también toda la información sobre el acto de Pamplona para remitírselo a la Fiscalía por si también se hubiera incurrido en un delito de enaltecimiento del terrorismo. A lo largo del recorrido seguido por los proetarras, se exhibieron carteles en los que se consideraba a «Thierry» como «preso político asesinado» por una «política penitenciaria asesina». Unos carteles que llevaban la firma de esta Sortu que en sus estatutos, ya mojados, establece mecanismos para expulsar a aquellos militantes que legitimen la violencia.
Pero el Gobierno no quiere que el envío a la Fiscalía de las declaraciones de Barrena queden en mero amago. Han sido ya demasiadas las ocasiones en las que miembros de Sortu, Bildu o Amaiur, tanto monta-monta tanto, han traspasado las líneas rojas. Unas líneas rojas que el Tribunal Constitucional describió con nitidez, precisamente, en la sentencia que dictó para legalizar Sortu. Así, en la resolución, le advertía de que podía volver a quedar al margen de la ley si incurría en una serie de supuestos, por ejemplo, equiparar a víctimas con verdugos. Ocurre que los herederos de Batasuna han ido incluso más lejos, porque no equiparan, sino que ensalzan a un etarra tras su muerte y callan por 857 asesinatos.
Los «presos de conciencia»
El caso es que el Ejecutivo también ha remitido unas recientes afirmaciones del coordinador de Aralar, el último partido, hasta ahora, en ser engullido por los voraces herederos de Batasuna. Patxi Zabaleta aseguró que no son lo mismo los «mercenarios de los GAL que los que han luchado por sus convicciones» en alusión a los etarras, a los que se refirió como «presos de conciencia» que merecen «dignidad».
Y llovía sobre mojado porque, tan solo unos días antes, la portavoz de Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegui, señaló que el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa fue una «muerte política».
El Gobierno no está solo en esta tarea de pulsar el contador contra la «izquierda abertzale. Asociaciones de jueces y fiscales, además de sindicatos de Policía, están a favor de que se investiguen los mensajes vertidos por dirigentes de Sortu y Bildu en los que se trata de legitimar a dirigentes de ETA. Por su parte, las asociaciones de víctimas están convencidas de que esas declaraciones constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo y son pruebas acumuladas para instar a la ilegalización de las nuevas marcas de la vieja «izquierda abertzale».
ABC 02/04/13