EL CORREO 18/09/13
El Ministerio del Interior ha citado para el lunes 23 de septiembre a todas las asociaciones de víctimas para explicarles en persona el contenido del reglamento que desarrollará la nueva ley estatal de reconocimiento a los damnificados por el terrorismo. La cita, que estará presidida por la directora de atención a estos afectados, Sonia Ramos, no está exenta de polémica. Y es que son varios –por no decir la mayoría– los colectivos que han acusado al Gobierno del PP de hacer oídos sordos a sus aportaciones y de dar luz verde a una normativa «trampa».
El Consejo de Ministros aprobó hace poco más de una semana el reglamento de la ley de víctimas, si bien su contenido no estaba aún publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. Este documento llega con año y medio de retraso. Su nacimiento estaba previsto para marzo de 2012 y el malestar fue tal que incluso el Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi, Covite, pidió a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que intercediera ante el Ejecutivo de Rajoy. El resultado no ha calmado, sin embargo, los ánimos de las asociaciones de afectados. La mayoría no solo no comulgan con el reglamento, sino que tampoco veían ya con buenos ojos la ley abanderada por un Gobierno que consideran «ni se ha leído» las enmiendas que presentaron. El enfado es tal que asociaciones como la gallega y la catalana contemplan no acudir a la reunión en Madrid.
El nuevo reglamento incorpora la figura de los amenazados como posibles beneficiarios; establece una ventanilla única para percibir indemnizaciones y, al tener la normativa carácter retroactivo a 1 de enero de 1960, las víctimas podrán solicitar la actualización de las ayudas percibidas hasta ahora. Desde Covite no entienden que si la ley nació con el objetivo de paliar las desigualdades establezca una distinción entre aquellos damnificados que cuentan con sentencia en firme y los que no. «¿Acaso unos muertos valen más que otros?», se pregunta su presidenta, Consuelo Ordóñez. Covite, que acudirá a la cita para conocer al detalle qué mecanismos se van a fijar para acreditar las condiciones de amenazados y el resto de cuestiones técnicas, no es la única que ha afeado al Ejecutivo la «falta de información» en torno al reglamento. La AVT también reprochó al Gobierno que no le consultara el contenido de la misma antes de su aprobación.