Editorial, EL CORREO, 26/6/12
Tras reducir significativamente las escoltas policiales que velaban por la seguridad de los políticos en Euskadi y en el resto de España, el Ministerio de Interior ha anunciado la retirada de la casi totalidad de los que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional, Supremo, Audiencia Nacional y Consejo General del Poder Judicial dentro del plan de «reordenación» que entrará en vigor esta semana. Tan solo la cúpula de estas instituciones y algún cargo sensible mantendrá protección. Los fiscales de la Audiencia Nacional han protestado por la medida con el argumento de que ETA todavía no se ha disuelto. Es de suponer que Interior no cometería la irresponsabilidad de desproteger a jueces y fiscales, y en especial a los que conocen casos de terrorismo, si creyera que existe la menor posibilidad de que ETA volviese a cometer un atentado. Sin embargo, resultaría lógico que mantuviera al respecto un único discurso: no es razonable que el ministro sugiera a veces que ETA sigue siendo un peligro larvado para determinados fines políticos mientras toma decisiones policiales que solo son inteligibles si tiene la certeza de que tal amenaza no existe.
Editorial, EL CORREO, 26/6/12