Desde hace unas semanas, la Guardia Civil ha interrogado a media docena de funcionarios del Departamento de Exteriores por su relación con esta campaña, así como a personal de la empresa de publicidad que se encargó de la campaña institucional.
En marzo pasado, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si la publicidad institucional que apareció en algunos diarios sobre el registro de catalanes en el exterior suponía una desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional que establecen no se pueden ejecutar preparativos del referéndum.
Tras unas semanas pidiendo información a la Administración catalana, el Ministerio Público se inhibió hacia el Juzgado de Instrucción número 13, que admitió a trámite varias denuncias sobre la campaña.
BAJO SECRETO
Además, comunicó otras cuestiones relacionadas con los supuestos preparativos para la secesión, como la Hacienda catalana o las declaraciones del ex senador de ERC y ex magistrado Santiago Vidal, en las que aseguraba que la Generalitat había obtenido de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y había clasificado a jueces en función de su ideología. Esta investigación está bajo secreto.
La Guardia Civil también recaba información sobre la web del Pacto Nacional del Referéndum, ya que el Departamento de Presidencia aportó el dinero para comprar el dominio aunque después se desentendió y lo cedió a la entidad. Ayer compareció como testigo el responsable de redes sociales del área de Presidencia y se espera que los próximos días lo haga más personal de la Administración catalana.
Sobre esta operación, Carles Puigdemont remarcó ayer que ni los «espanta-funcionarios» ni los «caza-urnas» lograrán su objetivo porque no asustarán a los ciudadanos que «quieren votar».