El texto aprobado ayer con los votos de Junts pel Sí y la CUP y la abstención de Catalunya Sí Que Es Pot –marca en la que se incluye Podemos– emplaza al Govern a «garantizar que los medios que acceden, tanto a subvenciones como a publicidad institucional de la Generalitat y sus empresas públicas», se comprometan «a aceptar todas las campañas que lleva a cabo el Govern, también las relacionadas con comunicar todo aquello necesario para el buen funcionamiento del referéndum del próximo 1 de octubre».
Es decir, subvencionar o invertir sólo en aquellos grupos de comunicación privados favorables a que se celebre la consulta unilateral. Una decisión inaudita y explícita que provocó el rechazo de Ciudadanos, el PSC y el PP, quienes interpretaron el texto como una forma de «presionar» a los medios privados para que emitan o publiquen anuncios sobre el referéndum. Por su parte, desde Catalunya Sí Que Es Pot matizaron que no se puede obligar a insertar o emitir anuncios que apoyen una consulta sin garantías.
Cada año, la Generalitat otorga dos tipos de ayudas a los distintos grupos y empresas de comunicación: por un lado, inyecta publicidad institucional a todos los periódicos, radios, televisiones y digitales con difusión en Cataluña; por el otro, da subvenciones directas siguiendo criterios estructurales de audiencia a medios en catalán o aranés.
Dos vías de ingresos que el Parlament insta ahora a modificar para excluir a aquellos diarios, cadenas, emisoras o portales que se nieguen a publicitar la convocatoria del referéndum independentista.
En 2016 el Ejecutivo catalán dio algo más de 760.000 euros a La Vanguardia, 452.000 euros a El Periódico de Catalunya, 445.000eurosa El Punt Avui y309.000 euros al Ara.Fueronlas cuatro cabeceras que se repartieron las porciones principales del pastel. Aparte, también se subvencionaron sus ediciones de internet, las emisoras radiofónicas –siendo las del Grupo Godó las más beneficiadas–, los diarios digitales catalanes –con varios medios de perfil independentista a la cabeza– y las televisiones, especialmente 8tv.
En cuanto a publicidad institucional, casi la mitad del montante que la Generalitat ha invertido en los últimos años ha recaído en los grupos Godó y Zeta. En este apartado no hay restricciones idiomáticas y el Ejecutivo también inserta anuncios institucionales en castellano.
Coincidiendo con la consulta del 9-N, en 2014 ya se produjo una polémica relacionada con la promoción de la consulta y los medios privados. Entonces, el Ejecutivo que presidía Artur Mas mandó una carta a los principales grupos con licencia de la Generalitat –entre ellos la cadena Cope, la Ser o el Grupo Godó– para notificarles que estaban «obligados a difundir, gratuitamente y con indicación de su origen, los comunicados y las declaraciones que el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat estimen convenientes por causas justificadas de interés público».
Con los mismos votos de Junts pel Sí y la CUP y la abstención de Catalunya Sí Que Es Pot, la moción aprobada ayer también incluye instar al Govern a «elaborar un código de buenas prácticas y obligaciones de los medios de comunicación que reciben dinero público».
En otro de los puntos –este apoyado por unanimidad– se pide al Govern que «vele por la máxima transparencia» para facilitar «los datos sobre subvenciones, publicidad institucional y suscripciones que reciben los medios de comunicación». También deberá hacer público «el número de suscripciones» que cada departamento y empresa de la Generalitat mantiene con cada uno de los medios de comunicación.