No hace falta ser un liberal del sector de los libertarios para constatar que los gobiernos, primero por la pandemia y ahora por la guerra, se están acostumbrado peligrosamente a intervenir en la economía más aún de lo que ya lo hacían en una economía muy regulada. Todos los años se acumulan más un millón de páginas en los diarios oficiales, la recaudación tributaria se dispara por efecto de la inflación y el peso del sector público en el conjunto de la economía supera en nuestro país el 50%, pero en otros, como es el caso de Francia, alcanza el 63%. Sin embargo, los habituales siguen denunciando un supuesto y espectral neoliberalismo que nos invade.

Se interviene en los beneficios empresariales y en los precios de la energía, en los precios de los alquileres, desde el Gobierno -Podemos- se pide intervenir el coste de las hipotecas a tipo variable, habla de los ‘beneficios caídos del cielo’ de los supermercados y una vicepresidenta sin competencias en la materia convoca a las cadenas de distribución alimentaria para intervenir el precio de una teórica cesta de la compra, abogando por una medida, un pacto oligopólico, que en el mejor de los casos sería ilegal y añadiría nuevas dificultades de supervivencia al pequeño comercio.

La pandemia y «la guerra de Putín» -sin duda lo es- han permitido imputar todos los problemas al virus y al autócrata ruso. De nada sirve recordar que la economía española se estaba ralentizando cuando la pandemia estalló, ni que en febrero de este año -las tropas rusas iniciaron la invasión el día 24 de ese mes- la tasa de inflación anual fue del 7,2%, tres puntos porcentuales más que Francia y 1,7 por encima de la inflación de Alemania.

Algo parecido pasa con el gasto público que fluye prácticamente sin restricción a partir de un endeudamiento en máximos y en el que se amalgaman necesidades reales de una política de apoyo social requerida por la crisis junto con un dispendio injustificado o sólo justificado por la conveniencia política y electoral de una coalición de gobierno y sus pactos que bien sabemos que subsisten gracias a una pesada factura.

Intervención, hiperregulación, altísima deuda pública, inflación desbocada, aumento de la carga fiscal y déficits estructurales al alza difícilmente pueden constituir no ya un escenario esperanzador, tampoco un marco creíble de solución. ¿Se ha evaluado el efecto real de la intervención del precio de los alquileres y, si es así, se nos dice cuál ha sido? Se empezó interviniendo el precio del gas y ahora está planteada la intervención, por una u otra vía, del precio de todas las energías. Unas porque tienen coste de producción muy alto, el gas, y otras porque sus costes de producción son muy baratos, las renovables. En estas circunstancias, es difícil hablar de un mercado energético. Tal vez haya que ir a otro modelo de mercado no marginalista, como ya ha anunciado la presidenta de la Comisión que propondrá en las próximas semanas, pero entonces estamos en otro debate.

Es cierto que la intervención tiene siempre buena prensa inicial, obedece a motivaciones valiosas y resulta razonable a primera vista. Y no es menos cierto que, en general, suele producir resultados mucho menos brillantes de los que anticipan sus defensores y es casi inevitable que genere efectos colaterales negativos. No se discute que, en medio de esta crisis, agravada por las deficiencias estructurales de la economía española que lleva más de una década sin hacer reformas y contrarreformando las que se hicieron, haya que desplegar un esfuerzo especial de apoyo a sectores sociales muy amplios. Ahora bien, uno echa en falta que un Estado omnipresente atesore la recaudación extra que está recibiendo y convierta a las compañías energéticas y a la banca -de la que la Comisión Europea no ha dicho nada, por cierto- en culpables y que ese mismo Estado no se dé por aludido cuando se le pide deflactar la tarifa del IRPF, a diferencia de lo que van a hacer las haciendas forales. Porque ese incremento de ingresos tributarios no previstos se está produciendo a costa del empobrecimiento de los ciudadanos. Son los de la Administración los otros ‘beneficios caídos del cielo’, precisamente cuando la economía se desacelera.

La salida de esta crisis va a dejar en evidencia carencias que no podrán cargarse a la guerra en Ucrania. Habrá que someter a los gobiernos a una cura de deshabituación de los instrumentos de intervención, evaluar los resultados de ésta y los impactos negativos en la economía Tendremos que afrontar el camino para la reducción de la deuda y el déficit. Y, más pronto que tarde, habrá que recuperar y reorganizar mercados, que siguen siendo la institución insustituible en una economía abierta que quiera prosperar.