LA CHUSMA que amenazó e insultó a la fiscal jefe de Cataluña, Ana Magaldi, no solo fue convocada por el Gobierno catalán, sino que fue el propio Gobierno catalán el que se puso delante de ella y la condujo solemnemente desde la sede del poder ejecutivo a la sede del poder judicial, en una nueva demostración de que los integrantes del Gobierno, empezando por su presidente Puigdemont y acabando por su antecesor, no saben lo que es la democracia. Un inconveniente pudor me impidió contar, en la crónica del primer día del juicio, que tanto la columnista Álvarez de Toledo como el que escribe, fuimos repetida y gravemente insultados por la chusma al acabar la declaración de Artur Mas. Aunque debo reconocer que yo, que tendría la mañana kármica, empeoré la situación soplándoles besitos con la mano y enrabietándolos mucho más, hasta el punto de que algunos, sanitariamente cercados por las vallas y bajo la mirada de la policía, parecían presas del furor de un animal enjaulado.
El proceso secesionista ha dividido a la sociedad catalana y ha agudizado tensiones ya existentes. La convivencia ha empeorado. Esto es tan cierto como que ninguno de esos incidentes ha sido grave ni ha puesto en peligro la vida de nadie. La inmoralidad principal del proceso secesionista no está relacionada con la violencia, sino con la intimidación. El nacionalismo es una intimidación en sí, pero cuando echa a andar la intimidación crece. El juicio de la semana pasada exhibió hasta qué punto retorcido se manifiestan las consecuencias de la intimidación en los desafectos del régimen: bastó ver cómo lo condujo el fiscal Ulled. Sin embargo, la intimidación letal, como el eufemismo letal, es en el que no suele repararse. Pero el método comparado resulta un instrumento útil. Cójase la sentencia fallera que el Tribunal Superior de Valencia ha dictado por el caso Gürtel y cuyos manifiestos excesos habrá de corregir el Supremo. Y en esa sentencia, el caso de la consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, condenada a 9 años de cárcel y 17 años de inhabilitación por una adjudicación ilegal y por haber recibido a cambio un reloj de dos mil euros. 9 años, 17 años y 2.000 euros. Cójase ahora, siguiendo el método, las penas que se piden para los tres funcionarios públicos que según la acusación convocaron ilegalmente una consulta popular, en el marco de una expresa y declarada voluntad de desobediencia al Estado. A 10 años de inhabilitación se enfrentan. Sin cárcel. Sin más.
La intimidación. Eso es la intimidación.