Ciudadanos quiere poner fin a la «politización de la Justicia». Esta es la batalla que pretende iniciar la formación que preside Albert Rivera desde la próxima semana y que ayer anunció en el Congreso tras mantener un cara a cara con la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría a cuenta del reparto que tradicionalmente pactan PP y PSOE para colocar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
El partido naranja trabaja ya en una iniciativa cuyo fin último es la reforma de la Ley Orgánica del TC para poner freno a lo que Rivera define como el «bipartidismo judicial». Su plan, que mira hacia el medio plazo, aspira a promover un cambio en virtud del cual las personas propuestas para ocupar sillón de magistrado en el Alto Tribunal tengan que someterse «previamente» a su nombramiento a un hearing o audición en el Congreso de manera que a resultas del mismo obtengan o no el plácet.
El sometimiento a este test, similar al que se practica en EEUU para los altos cargos de la Administración, permitiría en opinión de Ciudadanos calibrar el mérito y la capacidad a todos los niveles de los candidatos e incluso «disuadiría» a algunos con estrechos vínculos políticos de optar al puesto.
En su propuesta, Rivera incluirá además la necesidad de alargar el mandato de los magistrados a fin de que no coincidan con los periodos gubernamentales; exigir a los aspirantes 25 años de experiencia y plantear su jubilación a los 75 años. Con estas medidas que deberían, según Ciudadanos, estar adoptadas para la próxima renovación del TC dentro de tres años, se conseguiría «romper el vínculo entre el Constitucional y las sedes de los partidos políticos».
«En un momento tan delicado como el que vivimos, con un tribunal que está tomando decisiones clave para defender el orden constitucional en Cataluña, con más razón tendríamos que cargar de legitimidad a este órgano eligiendo de manera despolitizada a sus miembros», argumenta Rivera.
Admite que alguna de sus reclamaciones –por ejemplo alargar el periodo de mandato de los magistrados– requerirá de una reforma de la Constitución. Es por esto que pretende plantear su iniciativa con un plazo largo de tiempo por delante que permita la negociación sin prisas.
No obstante, Ciudadanos alberga también un objetivo más inmediato: intentar impedir que prospere el nombramiento del ex diputado del PP, Andrés Ollero, como nuevo presidente del Alto Tribunal. Rivera asegura haber trasladado ya tanto al Gobierno como al PSOE la necesidad de frenar esta designación claramente marcada por unas siglas políticas. Cree el presidente de Ciudadanos que «hay margen» para conseguirlo porque, de acuerdo con la ley, al presidente y al vicepresidente del Constitucional los eligen los propios magistrados.
Más aún, Rivera afirma tener constancia de que en el PSOE hay quienes no están de acuerdo con el pacto con el PP y, de igual manera, entre los populares hay voces que se pronuncian, al menos en privado, en contra de Ollero.
Rehúsa dar nombres de los disconformes pero desde las filas de su formación se apunta, en el caso del Grupo Socialista, a los diputados afines al ex secretario general Pedro Sánchez para los cuales sería inaceptable la forma de actuar, a la usanza tradicional de reparto con el PP, de la Gestora del partido.