VICTORIA PREGO, EL MUNDO 24/01/13
· Ayer los independentistas dieron un paso más -uno sólo y todavía en el terreno de la mera declaración- en esa trayectoria que mantienen y en la que, más o menos cada 10 años, alumbran una resolución parlamentaria en pro del derecho de autodeterminación del pueblo catalán.
Esta vez han avanzado otro poco y la novedad es que han proclamado al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano, algo imposible de traducir en la práctica porque la Constitución desmiente semejante pretensión nada menos que en su Artículo 1º. Sólo con señalar el lugar en el que el texto constitucional establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, queda dicho todo. De modo que ésta del parlamento catalán es, como las anteriores, una declaración inútil.
A los independentistas les habrá parecido un acto de la máxima trascendencia y es cierto que, en términos de lealtad política, el incidente es gravísimo, pero ni más ni menos que lo fueron las anteriores resoluciones.
En esta ocasión, la cosa resulta especialmente ofensiva porque afecta a la estabilidad del país en un momento en que se necesitaba la colaboración de las fuerzas políticas para la consecución de otros objetivos perentorios.
Pero los independentistas no pueden materialmente ir más allá porque, en el mismo momento en que intentaran traducir en hechos su pretensión de soberanía, incurrirían en una interminable sucesión de delitos que, estos sí, tendrían sanción penal y castigo en los tribunales. De momento, todo lo más que puede ocurrir es que la declaración sea impugnada por el Gobierno y se produzca la consiguiente declaración judicial de invalidez e ineficacia.
Para lo que debemos prepararnos de verdad es para los pasos siguientes, si es que el gobierno Junqueras-Mas se atreve al final a darlos, a sabiendas de que va a un choque frontal con la legalidad.
El primer paso sería la aprobación de una ley de consultas que intentara burlar las limitaciones legales para convocar un referéndum de independencia. Y el segundo, la propia convocatoria de ese referéndum.
De ese choque del que, inexorablemente, tendrán que salir perdedores porque el Estado de Derecho está obligado a prevalecer siempre sobre la jungla, no sólo se derivaría un conflicto formidable que intoxicaría a todos los españoles sino, sobre todo, una hondísima y dramática división en la sociedad catalana de la que sólo Junqueras y Mas serían los responsables ante la Historia.
De momento, ni uno ni otro han entrado en el Código Penal, pero eso es porque nuestra legislación en esta materia es, desde 1995, más que permisiva, estúpidamente inane. Pero no falta mucho para que, si continúan adelante, los independentistas acaben traspasando la línea que delimita el ámbito de la criminalidad. Y ellos lo saben. A ver qué hacen.
VICTORIA PREGO, EL MUNDO 24/01/13