Editorial, EL CORREO, 22/10/11
Las instituciones no deberían precipitarse a la hora de responder a los requerimientos de ETA
El anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista por parte de ETA fue saludada ayer por las instituciones y por el conjunto de las fuerzas democráticas con la satisfacción de saber que la amenaza terrorista se desvanece para siempre y de que su final ha sido posible gracias a la convicción democrática que durante los últimos años, y por encima de diferencias políticas, ha conjugado el rechazo social al totalitarismo etarra con la actuación del Estado de derecho y la cooperación internacional. Frente al propósito de ETA de presentar su derrota como si se tratara de una oportunidad que la banda ofrece a la democracia, incluso como una victoria que preludiaría el sometimiento de la sociedad abierta a su proyecto de reducir la identidad de los vascos a la independencia, prevalece la voz concordante de un país cuyos dirigentes sitúan el desistimiento etarra en el haber de una libertad pluralista. Nada podría ser hoy más descorazonador para la ciudadanía de Euskadi que asistir al desconcierto partidario ante el anuncio etarra. Sería tanto como conceder a la banda un triunfo después de su derrota. De ahí que la sintonía mostrada por los principales responsables políticos sea el mensaje más elocuente, tanto a la hora de coincidir con el sentir ciudadano como para advertir a los corifeos del éxito etarra de que desistan de plantear exigencias que desborden de entrada los cauces del sistema democrático y del autogobierno vasco. La banda terrorista ha resuelto el cese de su violencia física cuando el mandato de Zapatero está a punto de finalizar. No solo resulta lógico que el Gobierno actual derive hacia el Ejecutivo que surja de los próximos comicios la respuesta que los poderes públicos deban dar al anuncio de ETA y a sus requerimientos. El período electoral obliga a establecer un cierto paréntesis entre la declaración de la banda y cualquier decisión que al respecto adopten las instituciones. Pero ese paréntesis hubiese sido aconsejable en cualquier otra circunstancia, puesto que sería un error que el Estado respondiera con precipitación a un anuncio tan esperado. Entre otras razones porque la democracia debe confiar en que el tiempo transcurre a su favor y en contra de quienes, aun desarmados, parecen obstinarse en subvertir el sistema de libertades.
LA INICIATIVA DEL LEHENDAKARI
La sociedad vasca recibió la noticia del desistimiento etarra con el alivio correspondiente a un acontecimiento que daba por descontado. Con el paso de las horas, los ciudadanos de Euskadi fueron percatándose de la trascendencia que entrañaba el anuncio después de tantos años de una convivencia violentada por la coacción. De pronto, la historia había cambiado de signo. Pero nada indica que la gente de este país se sienta agradecida a los encapuchados por verse liberada de su yugo. Todo lo contrario, el final del terrorismo constituye la gran oportunidad para que una sociedad que en tiempos pasados se había mostrado excesivamente indiferente tome conciencia de que la paz -vivir con normalidad y sin sobresaltos- es un derecho que, tras el supremo de la vida, se sitúa por encima de cualquier otra aspiración legítima. Por eso, y tras el anuncio de ETA, las instituciones tienen la indeclinable obligación de realzar los valores de la dignidad humana y de la convivencia en libertad por encima de cualquier especulación posibilista respecto a los designios de la banda o de sus tutores. Es lo que cabe esperar de la iniciativa adoptada por el lehendakari de reunirse con todas las fuerzas representativas y con quienes le precedieron en el cargo.
Editorial, EL CORREO, 22/10/11