JAVIER CARABALLO-El Confidencial

  • Este año, la casilla del Inútil va dedicada a Iván Redondo, el símbolo de la inmensa corte de asesores de la que se ha rodeado el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez

Sométase a un rápido ejercicio mental, imagine que en el formulario de su declaración de la renta aparece una casilla nueva, como la de la Iglesia, que le permite donar el 0,7% de la cuota íntegra del impuesto al sostenimiento de un inútil público. Y usted, en ese momento trascendental, cuando autorizamos a la Hacienda pública a meter la mano en nuestra cuenta bancaria para rebañar unos miles de euros, piensa que su dinero va a parar directamente a un personaje público perfectamente prescindible. “Ahí va, una parte de mi dinero la voy a despilfarrar en el sueldo que cobra este señor, esta señora, por la inutilidad pública de su función, innecesaria, del cargo que ocupan”. ¿Se lo imagina, que de verdad existiera esa casilla y poder señalar el despilfarro?

Cada año, cuando llega esta fecha y está a punto de expirar el plazo para ingresar el dinero de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), aquí se reclama lo mismo. Es un ejercicio cívico de rebeldía social, porque no se cuestiona la necesidad de pagar impuestos, que es urgencia en una sociedad como la nuestra, lastrada cada vez con mayores desigualdades, sino que se trata de señalar la injusticia, la impotencia que supone saber que una parte de nuestro dinero no va destinada a ningún fin social, sino que se derrocha impunemente. Esa es la casilla del Inútil, que este año va dedicada a Iván Redondo, el símbolo de la inmensa corte de asesores de que se ha rodeado el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el más numeroso de todo el periodo democrático.

Iván Redondo tiene una fama ganada de trabajador incansable y de astucia política como pocos en España. Pero nada de eso se discute; se trata, simplemente, de preguntarnos por qué su sueldo tiene que salir del bolsillo de los españoles y no de la persona, o del partido, para el que trabaja. Por qué hemos asumido, o debemos asumir, que tenemos que pagarle entre todos si su trabajo ha consistido en llevar hasta la presidencia a Pedro Sánchez y, una vez conseguido, mantenerlo en el sillón. Si su cometido es privado, ¿por qué sale su dinero de las arcas públicas, que deben financiar el interés público?

A Iván Redondo, y a todos los que son como él, le deben pagar sus particulares. De ahí procede la inutilidad de su función, a afectos del impuesto de la renta. De hecho, todos los que lo han contratado, o que han convivido con él, no tienen dudas de cuál es su principal habilidad: conseguir que un político gane elecciones. En eso, se ha ganado una reputación intachable que se acredita en su carrera ascendente, comenzó en el Partido Popular con Antonio Basagoiti en el País Vasco, hizo el máster con Xavier García Albiol en Cataluña, se licenció con Monago en Extremadura y se doctoró con Pedro Sánchez en el Partido Socialista. A todos ellos los enseñó a ganar elecciones, ese pragmatismo que redunda en el carácter privado de su trabajo.

Se trata, simplemente, de preguntarnos por qué su sueldo tiene que salir del bolsillo de los españoles y no de la persona, o del partido, para el que trabaja

Como lo resumió aquí Paco Vázquez, exalcalde de A Coruña, “es un mercenario de la política, un consultor, por lo que se ve bastante competente, especializado en ‘marketing’ electoral, que pone sus conocimientos al servicio del que le paga”. Esa es la cuestión, que le debería pagar el político para el que trabaja: Pedro Sánchez de su bolsillo o el PSOE del dinero que ya recibe del Estado.

Ocurre, además, que allá por donde pasa, Iván Redondo reproduce el mismo esquema de poder: un supergabinete bajo su mando que le permite un control previo de todas las acciones del Gobierno para que nunca perjudiquen la imagen del presidente, que es quien lo ha contratado. Lo que es una realidad en la Moncloa, lo fue antes en Extremadura, con Monago de presidente. “El gabinete de Comunicación de Redondo en Extremadura acabó siendo más grande que el de Rajoy en la Moncloa”, contó Tomás Martín Tamayo, que fue vicesecretario de Comunicación y portavoz adjunto del PP en el Parlamento extremeño. Ahora, con unos pasos más arriba en la escalera, el gabinete de Redondo en la Moncloa es el más grande que se haya visto en aquel palacete: un equipo formado por 40 altos cargos (dos subsecretarios, 13 directores generales y 24 subdirectores, más el propio Redondo, con rango de primer secretario de Estado).

Y aún podrá decir el interesado que, dentro de todo el entramado del Gobierno, su parcela de poder es pequeña, si se compara con todos los asesores que se han nombrado, una cifra que oscila, según las informaciones, entre 600 y 800 personas. La red de organismos que ha crecido en torno a la Presidencia del Gobierno, y que no ha dejado de crecer durante la pandemia, confirma una tupida red de organismos perfectamente desconocidos, al máximo nivel de la Administración, con nombres tan rimbombantes como el alto comisionado para la España Nación Emprendedora, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia o el Departamento de Comunicación con los Ciudadanos. Todos ellos dependientes del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Iván Redondo y, a su lado, la Secretaría de Estado de Comunicación, de Miguel Ángel Oliver.

Mantener toda esa adiposidad burocrática y partidaria es, conceptualmente, una prevaricación del dinero público, si se tienen en cuenta todos los servicios públicos, todas las necesidades públicas, que están desatendidos y que son a los que se debe destinar el dinero que se recauda con nuestros impuestos. Colegios, carreteras, hospitales, pero también muchos colectivos de gente necesitada a los que se les regatea hasta el último céntimo de ayuda.

El otro día, cuando fue al Congreso de los Diputados a dar cuenta de sus servicios, Iván Redondo se definió a sí mismo con el desahogo impostado de los poderosos: “Yo soy un humilde asesor. No tomo una decisión, sino que hago una recomendación”. Pues ese humilde asesor tuvo una nómina en 2019 que ascendió a 126.124,03 euros, 40.000 euros más que el propio presidente del Gobierno. Así que, decididamente, tacho con una cruz esa casilla imaginaria de rebeldía social en la declaración de la renta: Iván Redondo, Inútil 2020.