En su tiempo como presidente, José Luis Rodríguez Zapatero tenía por costumbre volver de las vacaciones de verano con un discurso ante los mineros en la localidad leonesa de Rodiezmo. Y se convirtió en tradición que allí se anunciara la subida de las pensiones para el año siguiente. Fue la época despreocupada de aquella España que experimentó lo que era el superávit, y en la que el Gobierno se sentía complacido al disponer de dinero a mansalva para regalar cheques-bebé, o ayudas al alquiler, o bonos para animar el consumo.

Pero llegó la crisis económica de 2008 y ese mundo feliz se desmoronó. En 2013, Zapatero publicó un libro titulado ‘El dilema’, en el que se preguntaba «qué quedaría en la retina de los ciudadanos: ¿las subidas de las pensiones que cada año anunciaba en Rodiezmo o el anuncio de la congelación del 12 de mayo de 2010?». Aquel fue el día en el que la Unión Europea obligó a Zapatero a renunciar a sí mismo: a proclamar en el Congreso la congelación de las pensiones, la bajada del sueldo de los funcionarios y, entre otras cosas, la desaparición del cheque-bebé de 2.400 euros. Año y medio después, el PSOE perdió las elecciones. 

El Gobierno se sentía complacido al disponer de dinero a mansalva para regalar cheques-bebé, o ayudas al alquiler, o bonos para el consumo

Quienes diseñan las estrategias electorales suelen segmentar a la sociedad por edades, por posición económica o por las características de su lugar de residencia. Y buscan fórmulas para atraer el voto de cada uno de esos sectores. Los nueve millones de pensionistas son una potencia de primer orden. También los funcionarios (2,7 millones) y sus familias suman muchos votos, lo que lleva a los gobiernos a tratar bien a ese colectivo, siempre que se puede. (Nota al margen: cuenta Zapatero en el citado libro que el expresidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, elaboró un ranking de los países en los que más subían los salarios públicos en plena crisis: Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, «justo el orden que se correspondía con los sucesivos problemas de los países periféricos», recuerda Zapatero, antes de reconocer que, por el contrario, los funcionarios alemanes habían perdido poder adquisitivo).

José María Aznar anunció una bajada de impuestos en 1999, a un año de las elecciones generales de 2000. Anunció una segunda bajada de impuestos en 2003, antes de las elecciones de 2004. Y Mariano Rajoy bajó el IRPF en 2015, que también fue año electoral. 

Ahora, PSOE y Podemos han inaugurado una intensa batalla dentro de la coalición por atraer el voto joven. En horas veinticuatro -que diría el clásico-, pregonaron sucesivamente la intervención del mercado del alquiler («una ley preciosa», en palabras de la ministra de Hacienda; dijo «ley preciosa», se lo prometo), la ayuda de 250 euros para que alquilen los jóvenes hasta 35 años, y el bono-cultura de 400 euros a quien cumpla 18 años y, como consecuencia, adquiera la condición de votante. PSOE y Podemos compiten ante los medios por asumir para sí la iniciativa de esas medidas. La ministra María Jesús Montero (sector PSOE) dice que los jóvenes «merecen que las políticas públicas se vuelquen en ellos» Y la vicepresidenta Yolanda Díaz (sector Podemos) contraataca: «Hablar de nuestro país es hablar de la juventud».

La batalla por el protagonismo dentro del Gobierno es consustancial a una coalición de la que ambas partes quieren beneficiarse y en la que ninguna acepta diluirse. El problema surge cuando los coaligados tienen un mismo objetivo. Y, ahora, han puesto en su diana a los jóvenes.

El voto juvenil resultó determinante para que PSOE y Podemos alcanzaran el poder. Fue, sobre todo, ese votante el que convirtió a Podemos en un partido relevante, como fiduciario del 15M. Y Pedro Sánchez recuperó en 2019 una porción del voto joven que había perdido en elecciones anteriores. Pero el último examen en las urnas no ha tenido resultados tan venturosos. Según los estudios realizados después de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, el PP de Isabel Díaz Ayuso logró el apoyo de muchos jóvenes, y eso que no hay territorio con el mercado del alquiler más tensionado que la capital. Y los menores de 35 años que votaron a la izquierda lo hicieron, en su mayoría, a Más Madrid, y no a PSOE o Podemos. Madrid no es España, pero sirve de advertencia.

El voto joven, como el de cualquier colectivo, va y viene. Pero si algo desea quien termina sus estudios es emanciparse mediante un empleo digno. La mejor ayuda es un puesto de trabajo. El mejor bono, una nómina mensual acorde con la preparación académica adquirida. Y este es un problema -el de verdad- que ningún gobierno ha sabido resolver en las últimas décadas. 

Como escribió Rudyard Kipling en ‘Un estadista muerto’, «¿qué cuento podrá servirme aquí, en medio de mis jóvenes enfurecidos y defraudados?». Y votantes.