Juanma Moreno ha tomado posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía prometiendo fidelidad al modelo centrista al que debe su éxito.
En el discurso pronunciado durante la ceremonia en el Palacio de San Telmo, se ha comprometido a mantener para la nueva legislatura lo que bautizó como «vía andaluza», caracterizada por ser «inclusiva y no excluyente».
Ante la imposibilidad de gobernar su tercer mandato en solitario, el presidente ha querido ahuyentar toda inquietud aclarando que la entrada de Vox en su gabinete no alterará su aspiración transversal a seguir gobernando para «todos».
Este es el mensaje que quiere lanzar el PP andaluz: la integración de Vox en la gobernanza autonómica es inevitable, pero es compatible con una vocación mayoritaria.
Y este periódico también confía en esa senda. Pero no lo hace persuadido por una fe ciega en una promesa sin garantías, sino atendiendo a las pruebas que testimonian la firmeza de las convicciones políticas de Juanma Moreno.
La prueba más fehaciente de esta pretensión de mantener la línea moderada ha sido su obstinado empeño por intentar formar gobierno en solitario, sólo vencido por la resignación pragmática que aconsejaba evitar la repetición electoral.
Y, en cualquier caso, la inclusión de Vox en el gobierno de la Junta se ha hecho bajo una fórmula que rebaja el impacto de su presencia.
Aunque el PP le aventaja en 38 escaños y 30 puntos, Vox aspiraba a alcanzar la misma representación ejecutiva que ha logrado en el resto de comunidades autonómicas que han celebrado elecciones este año.
Pero el PP andaluz se ha resistido a ceder las tres consejerías (dos en el caso de Extremadura) que se ha cobrado Vox en las otras tres autonomías.
En lugar de las competencias de Agricultura, Medio Ambiente y Familia, Vox ha tenido que conformarse con una consejería de Turismo con rango de Vicepresidencia, que apenas representa el 2,3% del presupuesto de la Junta de Andalucía.
La cesión de esta consejería testimonial y con escasa carga política denota un ánimo por atenuar la influencia ideológica de Vox en el nuevo ejecutivo, que también late en el acuerdo programático con el que Moreno Bonilla ha tenido que transigir como peaje para su investidura.
Aunque Vox ha dejado su impronta en algunos de los 150 puntos de este pacto, se trata de concesiones eminentemente retóricas a su discurso que, en virtud de las reservas y matices incluidos en el articulado, no obligan realmente a modificaciones sustanciales.
Y ello incluye la denominada «prioridad nacional», la equívoca etiqueta que ha endosado Vox en el discurso público y a la que se ha apuntado la izquierda y el Gobierno para presentar al PP como rehén de una política racista.
Poco importa si en las intenciones de Vox está el condicionamiento (ilegal y discriminatorio) de las ayudas sociales a la nacionalidad española. Porque la prioridad nacional figura en el acuerdo de gobierno únicamente como rótulo con que denominar lo que en su aplicación práctica no es sino la preferencia de quienes acrediten vinculación y permanencia en el territorio regional.
Victorias nominales al margen, lo cierto es que ha prevalecido la reinterpretación material que hizo el PP del concepto como un arraigo «real, duradero y verificable». A la postre, sencillamente se reforzarán los criterios de prelación para el acceso a servicios públicos (empadronamiento prolongado, años de cotización previa o contribución al sistema fiscal andaluz) que ya estaban vigentes.
Con todo, la credibilidad que puedan merecer las intenciones moderadas del presidente andaluz se prueban con los hechos. Y la realidad es que los precedentes hablan a su favor.
En su primera legislatura, Juanma Moreno ya gobernó en una situación de minoría mucho más acusada que la actual. Y lejos de haberse visto condicionado por el apoyo externo de Vox y Ciudadanos, Andalucía se irguió como una reserva de estabilidad en un contexto en el que otros gobiernos autonómicos se tambalearon.
Los andaluces premiaron la gestión de Moreno Bonilla con una mayoría absoluta para su segundo mandato, que mantuvo inalterado el rumbo del anterior.
De modo que antes que un motivo para sospechar de una mudanza en el PP, el nuevo experimento de gobierno es una oportunidad para que Vox cambie su manera de actuar y demuestre que es capaz de aportar a la política española.
Los de Santiago Abascal ya no podrán disfrutar de la comodidad que permite la crítica sin responsabilidades de gobierno. Ahora tendrán que acreditar competencia en la gestión de su cartera, y su desempeño estará bajo el foco del escrutinio público como el de cualquier otro cargo del ejecutivo.
Esto es lo que realmente se va a poner a prueba: si Vox es capaz de desarrollar una labor constructiva en la Junta como un partido adulto, o si por el contrario va a improvisar cualquier pretexto para romper de nuevo los gobiernos autonómicos.