EL MUNDO 06/02/13
· Irán a la huelga el 20-F en protesta por la politización de la Justicia, la falta de medios y en contra de las nuevas tasas.
Cinco organizaciones de jueces y fiscales convocaron ayer una huelga para el próximo día 20 ante las leyes promovidas por el Ministerio de Justicia y por la falta de medios para desarrollar su trabajo.
Los convocantes -la asociación judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- creen que el motivo último de las reformas de Ruiz-Gallardón es «dominar» el Consejo General del Poder Judicial, aumentando su politización, e «imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad».
La huelga de jueces y fiscales se sabía inevitable desde que el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, añadió a las reformas ya aprobadas (supresión de los jueces interinos, imposición de sustituciones forzosas en los juzgados vacantes y aumento de las tasas judiciales) una modificación del sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en la Magistratura se percibe como un intento de incrementar el control político del órgano de gobierno de los jueces.
Con una carrera judicial incendiada por unas pésimas condiciones de trabajo, a las que recientemente se ha sumado la bajada de sueldo que ha afectado a todos los servidores públicos, la comisión que agrupa a las asociaciones de jueces y fiscales tenía claro al comienzo de la reunión celebrada ayer que no había «otra salida» que ir a la huelga, un derecho cuyo ejercicio por los titulares de un poder del Estado es una cuestión controvertida, pero que, de hecho, ya se ha experimentado. Éste será el tercer paro al que se convoca a la Magistratura, tras los celebrados el 18 de febrero de 2009 (por llamamiento de Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y el realizado ocho meses después por iniciativa, en solitario, de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Esta vez, ni la APM ni la Asociación de Fiscales secundan la medida de presión. En el caso de la AF, se ha consultado a las bases. Pero la decisión de la APM de separarse de la comisión interasociativa puede tener un coste para la que hasta ahora es la organización mayoritaria de jueces, porque muchos de sus asociados son partidarios de la huelga y recelan de un reacercamiento al Ministerio de Justicia que, según creen, tiene el propósito estratégico de volver a colocar a la APM en una situación de ventaja de cara a obtener vocalías en la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La APM hizo público anoche un comunicado en el que señala que en «momentos extraordinariamente difíciles, con una crisis que se proyecta en tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente», «el comportamiento que se espera de los jueces es que gestionemos con responsabilidad el interés público que se nos ha confiado y que lo hagamos con absoluta independencia y rabiosamente comprometidos con el Estado de Derecho». La APM reitera su «rotunda discrepancia» con la reforma del CGPJ y ha elaborado un informe con el que pretende «convencer al Gobierno de lo certeras que pueden ser» sus «propuestas». Para las organizaciones convocantes del paro, en cambio, la realidad es que Ruiz-Gallardón «no ha atendido ninguna de las reivindicaciones» que todas las asociaciones de jueces y fiscales le plantearon hace meses: incrementar la planta judicial, parar la reforma del CGPJ, mantener el presupuesto de Justicia (que en España no alcanza el 1% del PIB, cuando la media europea está entre el 3% y el 4%), retirar el régimen de sustituciones forzosas entre jueces y bajar el importe de las tasas judiciales.
Para las asociaciones de jueces y fiscales, «el fundamento último de las reformas es dominar el CGPJ, suprimir de facto la independencia judicial e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo».
En un comunicado distribuido tras el anuncio de la huelga, afirman que «la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa».
«Y a los pocos que quedan», añaden, «ponerlos a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque éstos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso».
También señalan que llevan «meses intentando negociar» con el ministerio e invitan «al resto de los profesionales de la Justicia» a sumarse a una huelga que convocan «sin desearlo, pero sin tener otra salida».
EL MUNDO 06/02/13