Jueces

EL presidente del Gobierno ha defendido a los jueces españoles que están ordenando las excarcelaciones de los terroristas de ETA y el Grapo, alegando que cumplen estrictamente con lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que se trata de los mismos jueces que aplicaron en su día la doctrina Parot. Es un alegato impecable. Nada puede resultar más absurdo que insinuar que los jueces siguen, en este particular, la hoja de ruta acordada en el «proceso de paz» entre ETA y el Gobierno de Zapatero. Hacen lo que les obliga a hacer la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que gustará o no, pero que se debe acatar y cumplir.
Otra cosa es que dicha sentencia coincida con la agenda oculta del «proceso de paz». Es posible que así sea, pero resultaría difícil demostrarlo y, aunque se probara, no modificaría en lo más mínimo el imperativo de su cumplimiento. Tomarla con los jueces es sencillamente estúpido. Tanto como descontextualizar los efectos del cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo, que inevitablemente reforzará la hegemonía de la izquierda abertzale en el País Vasco. Las excarcelaciones se producen en un momento en que Bildu controla la administración local en Guipúzcoa y en la mitad de Vizcaya y en el que la suma del voto nacionalista radical en Navarra supera por primera vez al PSOE en dicha comunidad. Añádase que ETA no parece tener prisa en anunciar su disolución. Se supone que los terroristas excarcelados no volverán a las andadas, pero es una incógnita si han dejado de pertenecer o pertenecen aún a la banda (la lógica más elemental inclina a pensar que, si en la cárcel seguían siendo miembros de ETA, no van a cancelar su pertenencia por el simple hecho de salir en libertad). En resumen, la sentencia del TEDH podrá ser todo lo ajustada a derecho que se quiera, pero es indudable que ha dado una nueva victoria a ETA. Otra más.
En este escenario, un informe de la Guardia Civil advierte de la infiltración de la izquierda abertzale en las escuelas del País Vasco y Navarra con el objetivo de «imponer su relato», es decir, de convertir en historia oficial su versión del terrorismo etarra como lucha de liberación nacional. En mi opinión, el problema que plantea dicho informe es del mismo tipo que el de la excarcelación de terroristas. No hay forma legal de impedirlo, porque a ningún maestro que obtenga plaza en una escuela pública se le puede someter a una inquisición política antes de darle posesión de su puesto ni después. Estamos en una democracia y ya no son preceptivos los informes del cuartelillo. De hecho, en las escuelas y en los institutos vascos y navarros –y no hablemos ya de la universidad– ha habido profesores de la izquierda abertzale desde hace más de cuatro décadas, y sospecho que su porcentaje no ha variado mucho. No tienen necesidad alguna de infiltrarse en el sistema público de enseñanza porque ya están dentro. Que impongan o no su relato es cuestión de pura relación de fuerzas entre nacionalistas y antinacionalistas o entre totalitarios y demócratas en la sociedad vasca. El relato de la izquierda abertzale se impondrá si el de los demócratas no logra hacerlo, y mucho me temo que PSE y PP no llegarán a un acuerdo sobre lo que debería contarse, porque son incapaces de acercar posiciones en asuntos mucho más sencillos, como el de los subsidios a los excarcelados. La ausencia de consensos nacionales básicos favorece a los nacionalismos y, entre los nacionalismos, a los más extremos. Nada nuevo bajo el sol. No son los jueces lo que no funciona. Por lo menos, en este aspecto (lo del apoyo de la Audiencia Nacional al nacionalismo tibetano es otro cantar).