TRAS cinco años de indagaciones y más de 6.000 folios, la Audiencia Nacional ha puesto punto final a la investigación contra cuatro dirigentes de la banda terrorista ETA por delitos de lesa humanidad. La juez Lamela, tal como publica hoy EL MUNDO, cierra la instrucción avalando el auto de procesamiento dictado en su día contra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel Carrera Sarobe, Ata; y Ángel Iriondo Yarza, Gurbitz. Se trata de cuatro sanguinarios terroristas que ejercieron de máximos responsables de los aparatos políticos y militares de ETA a partir de octubre de 2004, que es cuando se incorpora al Código Penal el delito de lesa humanidad. Que ahora se sienten en el banquillo por crímenes contra la humanidad sella la victoria del Estado de derecho frente a una organización cuyo abyecto historial ha aterrorizado a la sociedad española durante más de cuatro décadas.

El artículo 607 del Código Penal contempla la comisión de delitos de asesinato, traslado forzoso y deportación, entre otros, cuando «dichos delitos se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella y, en todo caso, si los hechos se cometen en razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por razones políticas, étnicas o religiosas». En este caso, las víctimas denunciaron que la dirección de ETA, prevaliéndose de una fuerte jerarquización interna, puso en marcha una política de persecución y expulsiones forzadas de la población. Según el procesamiento, Txeroki sería responsable de cinco asesinatos; Ternera–en paradero desconocido–, de dos; Iriondo, de seis; y Carrera Sarobe, de siete. Su enjuiciamiento constituye un hecho histórico en la medida que es la primera vez que se juzga a dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad, lo que supone una victoria inequívoca del Estado de derecho.

Su procesamiento tiene particular relevancia porque llega en vísperas de que los estertores de ETA anuncien su disolución. Por muchos comunicados insultantes que emita para blanquear su pasado criminal, la banda terrorista ha sido derrotada. La Justicia, en coalición con el resto de poderes del Estado, ha hecho su trabajo y prueba de ello es el primer juicio por lesa humanidad. La sociedad española no quiere el falso perdón de ETA. Quiere su extinción, la entrega de su arsenal y la colaboración en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos sin resolver. A cambio, ni absolución histórica ni tampoco beneficios penitenciarios para los presos. La democracia debe perseverar hasta el final en su fortaleza, lo que exige no sólo el sometimiento al imperio de la ley sino la decidida voluntad de vencer el infame relato que ETA trata de imponer en su ocaso.