Los datos, incluidos en una auditoría interna a la que ha tenido acceso EL MUNDO, recogen por primera vez en documentos oficiales de la Generalitat parte de las acusaciones que sustentan el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. En esencia, que los máximos responsables de obra pública de la Generalitat durante los gobiernos de Mas crearon un sistema por el que se alteraban de forma irregular concursos para beneficiar a empresas «preferidas».
La investigación judicial en torno a la presunta financiación irregular de CDC acumula evidencias desde 2013 para intentar demostrar que, a cambio de los contratos de obra pública, las empresas pagaban comisiones al partido a través de donaciones a sus fundaciones afines, CatDem y Fòrum Barcelona. Los documentos entregados al juez están bajo secreto de sumario y fueron firmados por una comisión en la que figuran miembros de casi todos los departamentos del Govern.
La auditoría interna fue activada en febrero de 2016, poco después de que Artur Mas fuera forzado a apartarse de la Presidencia de la Generalitat y tomara forma el Govern de Junts pel Sí (JxSí). Cuatro meses antes, la Guardia Civil había entrado en la sede de Infraestructures.cat, principal licitadora de obra pública de la Generalitat desde la que, presuntamente, se manipulaban los contratos. Su entonces director general, Josep Antoni Rosell, fue detenido durante la operación y se encuentra imputado en la causa como uno de los intermediarios de las mordidas.
La investigación encargada por Junqueras confirma la existencia de un sistema de adjudicaciones opaco que, presuntamente, Rosell y varios colaboradores instalaron en el organismo tras su llegada para manipular los concursos y «posicionar al licitador preferido», según consta en el informe. El vicepresidente del Govern, como se encargó ayer de recordar, fue quien decretó la destitución de Rosell poco después de asumir el mando de Economía. Junqueras también aseguró que la Generalitat ha entregado al juez «toda la información» que tiene en torno al caso 3%.
Los datos entregados en febrero pasado se centran en ocho contratos incluidos en la causa y otros 22 proyectos, escogidos al azar para contrastar los métodos a través de los que fueron adjudicados. En al menos cuatro de ellos –reformas y obras en tres centros educativos de la Generalitat y la construcción de un ambulatorio en Prats de Lluçanés (Barcelona)– la auditoría constata que las modificaciones «favorecieron directamente» a las empresas que resultaron adjudicatarias.
Para ejecutar las manipulaciones y no dejar rastro, los antiguos responsables de Infraestructures.cat crearon la Oficina Técnica de Adjudicaciones (OTA) al frente de la cual situaron a dos hombres de su confianza, Jaume Cortasa y Albert Farreras. A dicho organismo llegaban todos los concursos públicos tras la primera valoración de los técnicos. De ella salían, también, todas las «recomendaciones» de modificaciones en los criterios que acababan por desequilibrar la balanza en favor de una u otra empresa candidata.
Según certifica el informe entregado al juez, las modificaciones instadas por la OTA «se realizaban a mano», sin ningún registro informático. Un método que no permitía «saber cómo y a quién son imputables los cambios en algunos expedientes». Tampoco dejaba rastro oficial de «argumentación suficiente sobre las puntuaciones finales ni sobre los cambios producidos». El sistema se convertía en un mecanismo sobre el que apenas había control y, entre otros aspectos, abría la puerta a que se «perjudicara a [empresas] mejor clasificadas inicialmente». Una de las primeras medidas que tomó el nuevo presidente de Infraestructures.cat y hombre de confianza de Junqueras, Joan Jaume Oms, fue acabar con la polémica Oficina de Adjudicaciones y establecer un nuevo sistema de control.
En los casos que acumulan mayor número de evidencias, las manipulaciones llevaban a fenómenos a los que los responsables del informe interno encuentran difícil o ninguna explicación. Es el caso de las obras de reforma y ampliación de la escuela La Trama de Sabadell (Barcelona). Una de las empresas licitadoras –Impulsa Grupo Ortiz– «pasa de la posición 40 a la primera» después de la revisión realizada desde la OTA.
En las obras de reparación de l’Escola Abat Oliva de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), el salto no es tan llamativo, pero igualmente definitivo. La revisión llevada a cabo tras las primeras valoraciones de los técnicos hace que la empresa finalmente adjudicataria –Certis Obres i Serveis– sume 9,5 puntos y pase «de la cuarta (y última) posición a empatar con la primera». A su competidora se le restaron puntos.