La obsesión de Junts pel Sí es que el referéndum de independencia que ha prometido Carles Puigdemont se pueda al menos convocar. Y creen que la aprobación de la última ley de desconexión, la de «transitoriedad jurídica», propiciará el «choque de trenes» con el Estado. Así que han decidido modificar el reglamento del Parlament para no dejar tiempo a la reacción: la idea es que el presidente de la Generalitat firme el decreto de convocatoria de la votación el mismo día que el Parlamento dé luz verde a la norma.
Junts pel Sí cree que ello permitiría, sobre el papel, cumplir con su promesa de que no existirá vacío legal en ningún momento. La ley de transitoriedad –que fuentes del Govern y de la CUP afirman que está redactada en un 95%– lleva ese nombre porque sus impulsores afirman que permitirá pasar sin transición de la legalidad española a una legalidad catalana específica.
La formación del Govern estudia diferentes vías para eludir la intervención del TC. Y una de ellas es la modificación del reglamento del Parlament que ayer registraron en la Cámara. En el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO se promueve el cambio del artículo 135 mediante el cual para que una proposición de ley se tramitara por lectura única sólo haría falta el acuerdo de la Junta de Portavoces y del pleno, ambos con mayoría independentista.
«A solicitud del grupo parlamentario promotor y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se puede proponer que una proposición de ley sea tramitada directamente en lectura única. La tramitación en lectura única debe ser acordada por el Pleno del Parlament», dice la nueva redacción del artículo 135.2. La mayoría independentista en la Cámara provocará que esta modificación se apruebe con toda seguridad, aunque fuentes conocedoras de los procedimientos parlamentarios advierten de que los diputados de la oposición podrían acudir después al Tribunal Constitucional por ver vulnerados sus derechos.
Hasta ahora, para que una proposición de ley (las iniciativas legislativas que emanan de los grupos parlamentarios, y no del Govern) pueda ser tramitada en lectura única era necesaria «la firma de todos los grupos parlamentarios». Ese requisito impediría que la ley de transitoriedad jurídica esquivara el procedimiento habitual (que incluye la admisión a trámite, el periodo para la presentación de enmiendas y el debate de totalidad), porque sería obligatorio que partidos como C’s, el PSC, el PP o Catalunya Sí que es Pot accedieran, algo impensable.
Lo que sí parece ya descartado es que la ley de transitoriedad se tramite como proyecto de ley, es decir, que la iniciativa legislativa provenga del Govern y no de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP. El temor a inhabilitaciones y el margen de maniobra que tendría en ese caso el TC podrían provocar que el referéndum no se llegase a convocar sin una desobediencia explícita de la legalidad española, algo que no preocupa a la CUP pero sí a Junts pel Sí.
Otra vía que Junts pel Sí está estudiando es la del artículo 83.1, que ya utilizó Carme Forcadell para modificar el orden del día de un pleno e incluir votaciones y debates no previstos. Se utilizó para aprobar las conclusiones del «proceso constituyente», y la presidenta del Parlament está imputada por ello. «Nunca se ha usado la ampliación del orden del día para eximir a una ley de toda la tramitación», advierten fuentes de la Cámara.