Las fuerzas independentistas prevén presentar y aprobar antes del verano la tercera y más importante «ley de desconexión» –tras haber iniciado ya la tramitación de las de la Seguridad Social y la Hacienda catalana–, pero por el momento se niegan a desvelar su contenido para evitar que la norma sea impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).
Junts pel Sí y la CUP se han limitado a revelar que en su primer artículo la ley establece que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social», y a concretar las cuestiones reguladas en sus ocho epígrafes: la «nacionalidad y el territorio», la «sucesión de ordenamientos y administraciones», «los derechos y los deberes» de los ciudadanos, el «sistema institucional» de una eventual «república» catalana, el «poder judicial», «las finanzas», el marco normativo para la celebración de un «referéndum de independencia» y el «proceso constituyente».
Una de las posibilidades que barajan las formaciones independentistas es utilizar su mayoría en el Parlament para aprobar parte de la ley de transitoriedad jurídica, de manera que sólo entre en vigor el apartado referido al referéndum. Junts pel Sí y la CUP consideran que, si el sí a la independencia se impusiese en la consulta, el resto del texto legislativo quedaría automáticamente validado.
Estas argucias para sortear la reacción del Tribunal Constitucional fueron coralmente criticadas ayer por la oposición.
El portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, acusó a Junts pel Sí y la CUP de impulsar una «ley clandestina para burlar al Estado». La coalición que integra a Podemos en el Parlament y defiende la celebración de una consulta acordada con el Gobierno consideró que los partidos independentistas sólo se «autoengañan». Coscubiela tildó la ley de transitoriedad jurídica de «placebo político» para dar la impresión de que se siguen cumpliendo los compromisos fijados en la hoja de ruta independentista.
El secretario de Comunicación y diputado de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, lamentó por su parte que Junts pel Sí y la CUP pasen «cada minuto pensando en cómo engañar a la Justicia» y advirtió de que su formación estudiará el contenido de la última ley de desconexión cuando se haga pública para analizar su legalidad.
En similar lectura, el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, acusó a la coalición que forma el Govern y a su aliado preferente de «estar intentando saltarse la legalidad y el Estado de Derecho» al «llevar a escondidas» al Parlament la ley que pretenden utilizar para convocar la consulta de autodeterminación.
«Este juego de astucias no lleva a ninguna parte. Lo que no está registrado en el Parlament no existe», denunció la diputada socialista Eva Granados, quien recomendó a Junts pel Sí y la CUP que «aparquen los debates identitarios y pongan por delante la agenda social y los acuerdos con el Estado».
La encargada de defender la norma fue la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que consideró «inimpugnable» la ley de transitoriedad jurídica. «A nosotros nos parece un ejercicio democrático impecable. Utilizamos todos los instrumentos democráticos que tenemos a nuestro alcance para volver a poner las urnas», dijo.
AUMENTA EL ‘NO’ A LA INDEPENDENCIA
Crece el número de catalanes que se declaran contrarios a la independencia. El 46,8% no desean la secesión, frente al 45,3% que sí quieren que Cataluña se convierta en un nuevo Estado independiente. La diferencia a favor del ‘no’ es ya de un punto y medio. Así lo revela la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), presentada ayer.
El ‘no’ a la secesión escala más de cuatro puntos desde el pasado mes de junio, cuando era del 42,4%.